El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través del Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay (INAPP), anunció la implementación del curso «Ley N° 7239/2024 – De emergencia social ante la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes». Si bien se presenta como una capacitación voluntaria, en realidad se ha convertido en un requisito obligatorio para la promoción o recontratación de los funcionarios públicos a partir de abril de 2025.
Esta medida, además de imponer una visión única sobre un tema complejo, coacciona a los empleados estatales a someterse a una formación ideológica bajo la amenaza de perjudicar su estabilidad laboral. En lugar de promover un enfoque plural y basado en el mérito, se instala una discriminación positiva que contradice principios fundamentales de igualdad ante la ley y libertad de pensamiento.
La imposición de estos cursos parte de una agenda que, en lugar de abordar de manera integral los problemas de violencia y desigualdad, pretende reeducar a los servidores públicos bajo parámetros que no admiten cuestionamiento ni discusión. La capacitación promete ofrecer herramientas para la prevención y atención de la «violencia de género» (VBG), un concepto que ha sido utilizado en múltiples países como una excusa para implantar políticas que terminan generando divisiones y estableciendo privilegios basados en el sexo de las víctimas en lugar de tratar la violencia en su totalidad.
Además, es preocupante que esta certificación pase a ser un filtro obligatorio para la estabilidad laboral dentro del Estado. Esto no solo discrimina a quienes se resistan a aceptar los postulados de esta doctrina, sino que también establece un peligroso precedente en el que la adhesión a una determinada ideología se convierte en un requisito para el ejercicio de la función pública. El Estado debe garantizar la capacitación de sus funcionarios en temas clave para la administración y el servicio público, pero sin caer en la imposición de dogmas disfrazados de formación académica.
El MEF debería enfocarse en mejorar la eficiencia y transparencia del sector público en lugar de convertir la capacitación en un mecanismo de adoctrinamiento. La violencia, en todas sus formas, debe ser abordada con rigor y seriedad, sin caer en manipulaciones ideológicas ni medidas que, lejos de resolver los problemas reales, los convierten en herramientas de control y segregación política. En lugar de obligar a los funcionarios a participar en cursos con una clara carga ideológica, el Gobierno debería garantizar que el mérito, la capacitación técnica y la libertad de pensamiento sean los verdaderos criterios para la promoción y permanencia en el servicio público.
