Un escándalo sacude al Poder Judicial luego de que se conociera una denuncia contra Carlos Ramón Prieto Correa, funcionario de la institución, acusado de seducir a mujeres vulnerables para luego aprovecharse de su dinero y bienes. Según la denuncia, el modus operandi consistía en establecer vínculos sentimentales con mujeres de mediana edad, con carrera universitaria y acceso a crédito en PYMES, para luego manipularlas económicamente. Posteriormente, las víctimas eran amenazadas para evitar que denunciaran los hechos.
El caso cobra mayor relevancia debido a que Prieto Correa es funcionario judicial, mientras que su esposa trabaja en el Legislativo. No se ha determinado si la mujer tenía conocimiento de las actividades de su esposo o si su posición le habría servido de respaldo. En Paraguay, los funcionarios públicos tienen restricciones para dedicarse al comercio, lo que agravaría aún más la situación del denunciado.
El oficio N.º 206, emitido el 10 de febrero de 2025, comisionó la búsqueda de Prieto Correa a la comisaría 12, pero la Policía Nacional ha alegado que el funcionario no se hace encontrar. Sin embargo, al tratarse de un trabajador del Poder Judicial, su domicilio legal está registrado en el Palacio de Justicia del barrio Sajonia, lo que genera interrogantes sobre la falta de resultados en su localización.
Actualmente, el sistema judicial permite notificar a los encausados incluso vía WhatsApp, lo que hace aún más cuestionable la aparente imposibilidad de dar con el paradero de Prieto Correa. Este hecho pone en duda la eficiencia de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y refuerza la necesidad de depurar tanto el Poder Judicial como la Policía Nacional para evitar la impunidad.
El caso sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades tomen medidas para esclarecer la situación y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, las víctimas aguardan justicia en un proceso que, hasta ahora, ha estado marcado por la falta de respuestas concretas.
