El concejal Miguel Sosa (ANR) ha propuesto en la Junta Municipal de Asunción la regularización de los cuidacoches, una actividad que desde hace años opera al margen de la ley y que ha sido fuente de innumerables denuncias por extorsión, amenazas y violencia contra ciudadanos que simplemente buscan estacionar en la vía pública.
La iniciativa contempla un censo de estos trabajadores informales, la entrega de credenciales y chalecos identificatorios, bajo el argumento de «mejorar la prestación del servicio». Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la mayoría de los concejales y remitida a comisiones para un análisis más profundo, dado que la problemática de los cuidacoches no radica en la falta de regulación, sino en la permisividad con la que se les ha dejado operar al margen de la ley.
La figura del cuidacoches en Asunción se ha convertido en sinónimo de coerción. En numerosas ocasiones, automovilistas han denunciado que estos «trabajadores» exigen pagos arbitrarios bajo amenaza de daños a los vehículos, convirtiendo el supuesto «servicio» en un sistema de extorsión velada. Regular esta actividad equivaldría a institucionalizar una práctica que atenta contra la libre circulación y el derecho a la propiedad de los ciudadanos.
Este intento no es el primero en su tipo. En 2017, se planteó la creación de una cooperativa de cuidacoches, donde el 50% de las ganancias se repartiría con la Municipalidad, estableciendo tarifas fijas de entre 2.500 y 5.000 guaraníes por hora, y hasta 20.000 guaraníes en eventos especiales. En otras palabras, el municipio pretendía convertirse en socio de un sistema de cobro ilegal por el uso del espacio público.
Si bien la formalización del trabajo es un mecanismo válido en otras áreas, en este caso se trata de una actividad que no debería existir en primer lugar. En lugar de buscar su regulación, el Municipio debería enfocarse en erradicar estas prácticas, imponiendo sanciones y recuperando el control de los espacios públicos para el libre uso de los ciudadanos.
