El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, enfrenta una decisión crucial sobre la denuncia por un supuesto perjuicio de 1,6 billones de guaraníes al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la gestión de Vicente Bataglia. Aunque el Ministerio Público solicitó inicialmente la desestimación del caso, el juez Humberto Otazú rechazó esta petición, argumentando que existen indicios de posibles delitos.
La situación ha generado una fuerte indignación entre asegurados y jubilados del IPS, quienes se manifestaron públicamente en contra de la postura de la Fiscalía. Los manifestantes denuncian una falta de transparencia en la gestión de los recursos y exigen justicia ante lo que consideran una grave afectación al patrimonio de la institución.
Por su parte, la Fiscalía justificó su solicitud alegando la falta de pruebas contundentes que demuestren un perjuicio patrimonial directo al IPS. Según el Ministerio Público, no se ha identificado una alteración específica en el patrimonio de la previsional que permita configurar los delitos de corrupción denunciados.
La decisión que tome Emiliano Rolón será clave no solo para el curso del caso, sino también para la percepción pública sobre la lucha contra la corrupción en instituciones fundamentales como el IPS. Este caso representa un punto de inflexión para la credibilidad del sistema de justicia ante acusaciones de irregularidades en la administración de los recursos públicos.
