El Senado debate hoy el proyecto de ley del Registro Unificado Nacional (RUN), una iniciativa que busca fusionar la Dirección General de Registros Públicos y el Catastro, a fin de crear un sistema de «ventanilla única» para el acceso a trámites. Sus defensores aseguran que el RUN permitirá simplificar procesos, reducir costos y centralizar la gestión de documentos y registros relacionados con la propiedad. Sin embargo, distintos sectores de la sociedad, especialmente los escribanos y expertos en derecho registral, advierten sobre potenciales riesgos que el proyecto implicaría para la seguridad jurídica y la eficiencia del sistema.
Entre las principales objeciones se encuentra la preocupación de que, lejos de agilizar los trámites, el proyecto podría incrementar los plazos de expedición de documentos (Art. 77). Los escribanos solicitan que al menos se mantengan los tiempos actuales, argumentando que la burocratización en la expedición de documentos iría en detrimento de la celeridad del sistema. Asimismo, cuestionan las causas de observación registral (Art. 112), alegan que la normativa debería contemplar únicamente defectos subsanables, evitando así devoluciones innecesarias de documentos y obstáculos para los escribanos.
Otro aspecto polémico es el reingreso de documentos observados (Art. 113), donde el proyecto establece que, si en 35 días no se corrigen los defectos, se calificará el trámite con nota negativa, requiriendo el pago de una segunda tasa al volver a ingresarlo. Los críticos sugieren que, en lugar de imponer una nueva tasa, se debería permitir la reutilización de la tarifa inicial, facilitando una liquidación anexa y evitando complicaciones adicionales para el usuario. Además, se rechaza la idea de inscribir títulos sin certificado de dominio (Art. 126), pues esto vulneraría la seguridad jurídica, exponiendo a los adquirentes a posibles riesgos en la transacción de bienes inmuebles.
Las críticas también se extienden a aspectos económicos, como el aumento de tasas judiciales (Art. 142), considerado un golpe a los ciudadanos que ya enfrentan altas tarifas. Igualmente, se objeta la propuesta de cobrar certificaciones de firma según el contenido del contrato (Art. 205), por considerarse que la certificación debe estar limitada a la validación de las firmas y no al contenido, conforme a la Ley de Arancel del Notario Público.
En resumen, el proyecto de ley del RUN promete una optimización en la gestión registral mediante la centralización y digitalización de los trámites, pero enfrenta importantes objeciones que ponen en duda su viabilidad y efectividad. Las voces en contra insisten en que la seguridad jurídica y la simplificación administrativa deben ser los principios rectores en toda reforma, advirtiendo que algunos de los cambios propuestos en el RUN podrían derivar en un sistema aún más lento y costoso para los ciudadanos.
