Recientemente, Gina Romero, relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, ha emitido declaraciones criticando el proyecto de ley aprobado por el Congreso paraguayo que busca regular y controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Romero aseguró que las sanciones previstas en la normativa son «muy altas» y que «están fuera de los estándares internacionales». Esta declaración, no solo es impropia, sino que también es peligrosa para la soberanía del país, representa una clara injerencia en los asuntos internos de Paraguay.
Los relatores de las Naciones Unidas tienen la tarea de monitorear y reportar sobre el cumplimiento de ciertos derechos humanos a nivel internacional, pero no poseen autoridad sobre las legislaciones internas de los países soberanos. En este caso, Romero ha ido más allá de sus atribuciones al intentar interferir en un tema exclusivamente nacional, poniendo en cuestión la capacidad soberana de Paraguay para legislar sobre sus propias instituciones y normativas.
El proyecto de ley aprobado por el Congreso paraguayo establece controles y mecanismos de transparencia para las ONG que reciben fondos públicos, con el fin de garantizar que dichos recursos sean utilizados de manera adecuada y responsable. En un contexto donde muchas ONG manejan grandes cantidades de dinero y tienen influencia en diversas áreas de la sociedad, es esencial que exista un marco regulatorio que asegure el buen uso de esos fondos. Además, se busca evitar el mal uso de estas organizaciones para fines ajenos a su misión original, un tema crucial para la estabilidad y seguridad del país.
La intervención de Romero, una funcionaria no electa por el pueblo paraguayo, cuestiona la legitimidad de un proceso legislativo que ha sido debidamente aprobado por los representantes electos de la nación. Este tipo de injerencia no solo es inapropiada, sino que va en contra del principio de no intervención que rige las relaciones internacionales y el respeto a la soberanía de los Estados.
Es importante destacar que, si bien la ONU cumple un papel relevante en la promoción de derechos humanos, su mandato no debe ser utilizado como herramienta de presión sobre países soberanos que ejercen su derecho a legislar conforme a sus propias necesidades y contextos. La regulación de las ONG y la aplicación de sanciones, dentro del marco legal aprobado democráticamente, es una potestad exclusiva del Estado paraguayo.
Este tipo de declaraciones, que buscan influir en la política interna de un país, podrían abrir la puerta a un debilitamiento de la independencia de las naciones frente a organismos internacionales. Los paraguayos, a través de sus representantes legítimamente electos, tienen el derecho a decidir las leyes que consideran necesarias para el bienestar y desarrollo de su país, sin ser sometidos a presiones externas de entidades o funcionarios no electos.
En un contexto global donde la autonomía de los Estados está siendo constantemente desafiada por presiones de diversos grupos y organismos, la respuesta de Paraguay debe ser firme y clara: la soberanía nacional no está en venta, y las decisiones legislativas deben reflejar las necesidades y prioridades de su pueblo, no las de actores externos.
