El caso “Panamá Papers” fue una filtración masiva de documentos robados al bufete Mossack Fonseca, catalogada en su momento como “el mayor escándalo de evasión fiscal y lavado de dinero a nivel mundial”. Esta filtración reveló información sobre más de 214.000 entidades offshore pertenecientes a individuos y empresas de todo el mundo. Sin embargo, a ocho años del suceso, el viernes 28 de junio de 2024, la Justicia absolvió a todos los acusados en el caso.
Los «Panama Papers» fue una investigación periodística, basada en la filtración de millones de documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Guillermina Mc Donald, abogada de Mossack, dijo que «los dineros no procedían de ningún delito», por lo que calificó la acusación de blanqueo de capitales como «infame».
El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que el escándalo de los «Panama Papers» fue una «patraña internacional» para perjudicar al sistema financiero del país.
Martin Litwak señaló: “Muchos quisieron vender este caso como ‘el mayor escándalo de evasión fiscal y lavado de dinero a nivel mundial’, pero el tiempo me dio la razón. Hoy, a ocho años del suceso, todos los acusados en el caso fueron absueltos. ¿Qué dijeron los jueces? Por un lado, que la cadena de pruebas no era confiable y, por otro, que las mismas no eran suficientes ni concluyentes. Lo advertí desde un primer momento, pero no quisieron escucharme: este caso era puro humo y su tratamiento mediático no fue el adecuado. En cualquier otro caso de robo de información privada, los periodistas hubieran puesto el foco en el robo y no en la información robada. Las investigaciones habrían girado alrededor de los ladrones, no de las víctimas. Pero en los Panamá Papers, las reglas del juego fueron distintas, impuestas por los países de alta tributación cartelizados en nefastas organizaciones supranacionales como la OCDE. Desde el primer momento, señalé que este escándalo era más una maniobra mediática que una revelación sustancial.”
Transparencia de las ONGs en Paraguay
Un aspecto controversial del caso es que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que publicó la información del “Panamá Papers” y que conforme al reporte oficial se halla financiado por la Open Society Fundations de George Soros, defendió la filtración señalando que: «Al revelar verdades ocultas, como lo hicimos con Panamá Papers, brindamos al público lo que necesita para exigir rendición de cuentas.»
En Paraguay, en estos días la periodista Mabel Renhfeld, miembro de dicho consorcio, admitió ser miembro de la ICIJ y defendió el trabajo realizado por los mismos, sin embargo contradictoriamente a esta postura de transparencia y rendición de cuentas, criticó el proyecto de ley «Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro».
La discusión en torno a este proyecto de ley ha generado un intenso debate hace unos días en la Cámara de Senadores, que con 34 votos aprobó el proyecto, pasando a la Cámara de Diputados para su discusión. Algunos ven un intento por regular y monitorear de manera más estricta a estas organizaciones y otros como una manera de transparentar sus fondos y actividades ante la ciudadanía. Lo cierto y concreto es que las posturas contradictorias respecto a la transparencia subrayan las múltiples capas de intereses que subyacen en estos temas, sugiriendo que las verdaderas motivaciones de muchas organizaciones van más allá de la mera búsqueda de la justicia o la transparencia.
