En una reunión virtual organizada por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), encabezada por Agustín Carrizosa, 73 organizaciones no gubernamentales (ONG) se congregaron para delinear una estrategia que permita evitar la sanción de la nueva Ley de Control, Transparencia y Rendición de Cuentas. Este encuentro refleja la creciente preocupación entre las ONG respecto a las posibles implicancias negativas, para las organizaciones, de dicha legislación.
Durante la sesión, las ONG acordaron iniciar una intensa acción lobbysta con senadores y diputados del partido Colorado que han mostrado una postura disidente respecto a la ley. Entre los nombres destacados para esta tarea figuran Blanca Ovelar, Lilian Samaniego y Luis Pettengill. La estrategia busca persuadir a estos legisladores sobre los potenciales daños de la ley, enfatizando un supuesto carácter inconstitucional y confiscatorio, argumentando que la misma limita severamente la capacidad de las ONG para operar y cumplir con sus misiones.
Adicionalmente, las organizaciones planificaron una campaña mediática, recurriendo a medios de comunicación locales favorables a su causa y a medios extranjeros. La intención es destacar las implicancias negativas de la ley, presentándola como una amenaza a la libertad y autonomía de las ONG.
En caso de que la ley sea aprobada, las ONG están preparadas para presentar una acción de inconstitucionalidad y solicitar medidas cautelares que suspendan los efectos de la ley, buscando garantizar su continuidad operativa.
Como parte de su plan de acción, las ONG también buscarán el apoyo de la Iglesia Católica, esperando que el cardenal Adalberto Martínez se sume a la causa y aporte su influencia para reforzar la oposición a la ley. Esta alianza se considera clave, ya que la Iglesia Católica posee un fuerte arraigo y credibilidad en la sociedad, lo cual podría ser determinante en la lucha contra la aprobación de la ley.
El temor principal de las ONG radica en que la ley permita trazar el origen y destino de los fondos que reciben, los cuales hasta ahora han manejado de manera solapada. Consideran que esta transparencia forzada podría exponer a sus donantes y comprometer proyectos sensibles.
