El periodismo biempensante boliviano siempre ha presentado los acontecimientos de octubre 2003 como una protesta social que fue cruelmente reprimida por el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, acción que terminó en su salida del poder.
No obstante, el derrocamiento presidencial era un plan que se había pergeñado desde el año anterior. Tampoco se trató de unos simples ciudadanos protestando, sino de milicianos, pandilleros, matones y sicarios muy bien armados y entrenados. De hecho, Felipe Quispe, uno de los líderes subversivos, en una entrevista a ERBOL, año 2016, confesó la preparación de cuadros armados, sus palabras textuales fueron:
De igual manera, el año 2004, informes del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, mejor conocido como DAS, a cargo de Jorge Noguera, revelaron la presencia de 70 guerrilleros de las FARC en Bolivia durante los acontecimientos de octubre del 2003. La incursión de las FARC en el país tenía como único objetivo expandir la red de narcotráfico, que para la época ya era la principal fuente de ingresos del Foro de Sao Paulo y la dictadura cubana.
En enero de 2005, los miembros del DAS capturaron a Rodrigo Granda, un alto miembro de las FARC cuyo trabajo consistía en «exportar» el know how delincuencial a toda la región. Entre los contactos que Granda tenía en su agenda destacaba el número de teléfono de Evo Morales. Además, el DAS informó que Granda se había paseado por Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador usando identidades y documentos falsos.
Pero las FARC no fueron la única agrupación criminal presente en Bolivia, puesto que, aún más amplia, habría sido la estructura que estaba montando en el país el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y es que de acuerdo con indagaciones del DAS, la estructura que se estaba creando contaba con 34 guerrilleros combatientes, responsables de 22 células con 218 asociados, más otros 258 simpatizantes o seguidores, haciendo un total de cerca de 600 milicianos.
Creo que hasta acá queda muy claro que derrocar a Sánchez de Lozada no puede considerarse un triunfo del «pueblo», sino del narcotráfico y el crimen transnacional. Pero sigamos rompiendo los mitos.
Una de las mentiras más difundidas desde esa época es la que compete al accionar de las Fuerzas Armadas y un supuesto plan genocida, incluso se mencionó el asesinato a sangre fría de una niña llamada Marlene Rojas. Empero, la realidad es diferente, veamos.
David Katz, uno de los mayores expertos en balística a nivel mundial, en el contexto del juicio que los supuestos afectados le instauraron a Sánchez de Lozada en Fort Lauderdale (año 2018), afirmó lo siguiente:
Asimismo, el experto balístico resaltó otra cosa, que también desmiente el informe presentado por la fiscalía en Bolivia, el disparo que mató a la niña tenía una trayectoria de arriba abajo. Por ende, los militares, que se encontraban a, por lo menos, trescientos metros de distancia y debajo de la ubicación de Marlene (que muere en el segundo piso de su domicilio), no podían haber ejecutado ese disparo. ¿Se le ocurre quien pudo ser el gatillero? Eureka, los milicianos que Felipe Quispe había desplegado en las serranías que rodean a la zona de conflicto.
Como vemos, al cumplirse dos décadas del Golpe de Estado que sacó del poder al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada daría la impresión de que las mentiras repetidas miles de veces acaban, impajaritablemente, convirtiéndose en verdad.
Sucede que el relato oficialista sobre esos trágicos sucesos es la base sobre la cual se ha construido toda una serie de sofismas alrededor de Evo Morales, la Asamblea Constituyente del año 2006 y el crecimiento económico de Bolivia, falsamente catalogado como: «milagro». Sin embargo, a pesar de tener todo en contra, siempre estaremos aquellos que gritaremos la verdad, como Emilio Martínez, de cuyo último libro, 5 mitos de octubre, salieron varios datos del presente artículo, pues no queremos ser cómplices de absurdos que, aunque aceptados por la mayoría, sirven para esclavizar a nuestras patrias.
En conclusión, La Guerra del Gas no fue nada más que la puesta en práctica de una metodología para tumbar gobiernos democráticos, forzar la apertura de procesos constituyentes y, finalmente, montar en el poder a dictadores nacidos y financiados bajo el paraguas del crimen transnacional.