Durante la reunión especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) donde se está analizando el peaje impuesto por Argentina se acordó continuar trabajando, pero, mientras se hace análisis técnico, Argentina se abstendrá de interponer embargos e interdicciones de las embarcaciones, por un plazo de 60 días corridos.
Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay sostuvieron una posición común y rechazan el cobro del peaje por considerar que la imposición unilateral de una tarifa en la hidrovía, lesiona el Derecho Internacional vigente.
Entre las conclusiones de la reunión, los países que se oponen al cobro manifestaron que, en virtud de los documentos técnicos analizados, la tarifa de peaje contiene elementos discriminatorios y estaría destinada a gravar la propia actividad de la navegación, sin contar con el consentimiento de los demás países.
