El pasado jueves, el canciller de la República convocó a embajador argentino, mantuvieron una reunión donde Paraguay reclamó retención de embarcaciones, debido al no pago de peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná.
Antes de ayer, viernes, el presidente de la República Santiago Peña, junto a al equipo económico del gobierno, dio una conferencia de prensa para anunciar medidas respecto a una situación ya conocida por todos: la controversial problemática del peaje de la hidrovía Paraguay-Paraná. Lo que comenzó como un conflicto que afecta al comercio que depende del transporte de la hidrovía, ha ido escalando hasta convertirse en un problema diplomático regional y en particular entre Paraguay y Argentina.
Esta semana, se produjo, hasta ahora, la máxima tensión en las relaciones bilaterales. Las medidas anunciadas por el propio presidente Peña, retumbaron fuerte y causaron revuelo de ambos lados. Aquí, encontró eco y apoyo en gran parte de la población, y allá, generó máxima alerta, quizás, como nunca antes, al menos respecto al asunto en cuestión.
Las medidas comunicadas en conferencia de prensa fueron:
1 – Paraguay solicitará un arbitraje a efectos de resolver el tema del peaje de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
2 – Paraguay presentará una demanda contra la Argentina, ante el Tribunal del Mercosur por el incumplimiento del Tratado de Asunción, que garantiza el libre comercio y la libre navegabilidad de nuestros ríos.
3 – Paraguay decidió que, de aquí en delante, no dará ninguna conformidad ante los organismos multilaterales a favor de la Argentina, hasta la cancelación en los pagos que este país adeuda al nuestro. El presidente mencionó específicamente, que la semana pasada “gracias a la conformidad dada por Paraguay ante el Fondo Monetario Internacional, Argentina pudo recibir siete mil quinientos millones de dólares”. Además, “informará a los diversos organismos multilaterales de crédito respecto a estos eventos”.
4 – Paraguay decidió aumentar el retiro de energía de la ANDE, de Yacyretá, para salvaguardar los intereses del país.
Es imperativo hacer algunas consideraciones a la luz de los hechos.
La primera es que, las decisiones anunciadas por Paraguay han sido comunicaciones de prensa. Desde el inicio del conflicto, no ha habido declaraciones conjuntas. Ni cuando el presidente Peña, en un error protocolar -por más cortesía que exista- recibió al ministro de Economía Sergio Massa, y luego el gobierno paraguayo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicó vía redes sociales la suspensión del peaje que, por un rato, fue aplaudida y celebrada con bombos y platillos. La suspensión del peaje QUE NO FUE. Que no fue porque una vez que las autoridades argentinas tomaron conocimiento del comunicado, salieron a desmentirlo, sosteniendo que nunca existió tal acuerdo, sino el compromiso de reunirse en una convocatoria realizada por el presidente Peña para abordar el asunto en cuestión.
Al no haber una comunicación oficial conjunta, como corresponde en las relaciones diplomáticas, los elementos que nos quedan para tomar postura, son la conferencia de prensa del ministro Massa, donde claramente sostiene que no hay suspensión alguna del peaje, y la comunicación de cancillería paraguaya, ya mencionada. Luego todos ya conocemos el ida y vuelta lamentable que se generó en redes, de ambos lados, donde incluso otras autoridades del gobierno argentino contestaron la comunicación de cancillería paraguaya lamentando lo que llamaron “tergiversación” de los hechos y del lado paraguayo aludieron que las autoridades argentinas habrían faltado a su palabra. Lo cual no suena descabellado si tenemos en cuenta los antecedentes de quienes participaron en la reunión, pero aún así, no vale de nada. Lo cierto y lo concreto es que nada cambió, prosiguieron las incautaciones y embargos de barcazas con bandera paraguaya a raíz del no pago del peaje, que el gobierno paraguayo considera, una imposición unilateral.
Aquí es importante mencionar, además, que tampoco existe un instrumento oficial de ninguno de los tres países que han manifestado en palabras, apoyar el reclamo del Paraguay, esto es, Uruguay, Brasil y Bolivia. No pasan de declaraciones y, de hecho, si fueran signatarios oficiales del reclamo en conjunto con Paraguay, también podrían haber sido signatarios del arbitraje solicitado por el Paraguay. Y no ha sido así.
La segunda consideración, refiere a un aspecto no menor, que ha sido el pequeño, pero no menor cambio de postura del presidente Peña respecto al peaje. Comenzó con una postura rotunda en contra del cobro de peaje, para terminar en una postura muy distinta, donde ha manifestado finalmente, no estar en contra del peaje sino incluso a favor, pero no como una imposición unilateral de uno de los países miembros de la hidrovía, sino siempre y cuando sea el resultado del consenso de todos los estados parte. Personalmente, considero que esto cambia en gran medida, la definición del foco del conflicto. Ya no es el peaje sino la imposición unilateral. Vaya diferencia. Luego volveremos a este punto.
Un tercer aspecto a tener en cuenta, es la diferencia de visiones con que encaran la problemática de un lado y del otro, en cuanto a la forma apropiada de resolución del conflicto. Del lado argentino, parecen reducir la cuestión al ámbito técnico y del lado paraguayo, se aprecia como una cuestión más política, apelando a reuniones de acercamiento, buscando una solución diplomática entre las partes y acudiendo en este momento, a represalias específicas como instrumentos de presión hacia el gobierno argentino, buscando el cese a lo que considera una imposición arbitraria perjudicial que afecta considerablemente al comercio paraguayo, dependiente en gran medida, del tránsito de mercaderías por la hidrovía.
Argentina mientras tanto, mantiene inmodificada su postura, ha presentado argumentos de índole técnica, que según manifiestan, Paraguay no ha contestado. Y en vez de soluciones políticas, mientras Paraguay anuncia el pedido de arbitraje y aguarda la designación de árbitros del lado argentino, el gobierno de Alberto Fernández aboga por seguir los pasos para resolución de controversias previstos en el Tratado de Santa Cruz de la Sierra. ¿De qué se trata? Veamos, pues es trascendental.
Se trata del “QUINTO PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE TRANSPORTE FLUVIAL POR LA HIDROVIA PARAGUAY-PARANA SOBRE SOLUCION DE CONTROVERSIAS – ALADI/AAP/A14TM/5.5 07/07/92”, que es parte del “ACUERDO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA SOBRE TRANSPORTE FLUVIAL POR LA HIDROVÍA PARAGUAY – PARANÁ”. Los estados parte acordaron someterse a los procedimientos y pasos definidos en éste protocolo, para la solución de controversias que pudieran ocurrir en el marco del acuerdo de la hidrovía. ¿Cuáles son esos pasos?
- En primer lugar, mediante sus organismos nacionales competentes, procurarán resolver sus controversias mediante consultas y negociaciones directas.
- Si no se alcanzare una solución en un plazo razonable, cualquiera de las partes podrá someterla a consideración de la Comisión del Acuerdo, quien evaluará la situación y donde las partes tendrán oportunidad de exponer sus respectivas posiciones. La Comisión formulará las recomendaciones tendientes a la solución de la controversia.
- Si agotados los pasos anteriores, no hay solución, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a consideración del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, órgano del Tratado de la Cuenca del Plata (es el órgano político).
- Si aún persiste la controversia, cualquiera de los países signatarios podrá someterla a la decisión de un Tribunal Arbitral. La misma, obliga a las partes, es inapelable y de cumplimiento inmediato.
El cuarto y último aspecto que creo imperativo poner a consideración, son las medidas anunciadas por el Paraguay, adicionales al arbitraje y presentación de demanda ante el Tribunal del Mercosur. Aquí es importante detenerse, porque es cuando cambia el tenor del conflicto y pasamos a ver por primera vez, la toma de represalias concretas que ha decidido tomar el gobierno de nuestro país y que constituyen instrumentos de presión hacia el gobierno argentino.
Y mientras nos revelamos contra la imposición unilateral del peaje, ayer Paraguay toma una decisión unilateral de abrir la compuerta de la binacional Yacyreta y retirar su energía. Y esto, de ésta forma, aunque pueda festejarse, va contra las disposiciones del Tratado y sencillamente, hemos caído en la misma conducta que venimos reprochándole a Argentina, con todo lo que ello significa. Pasamos del peaje no al peaje sí siempre que no sea una imposición unilateral, a tomar una decisión y una acción unilateral inconsulta en una binacional. ¿En qué quedamos? A no confundir la facultad de retirar el 50% de la energía, que sí la tenemos.
Cabe mencionar que tras el tras el reclamo de la parte argentina al flamante titular de la EBY por el lado paraguayo, Luis Benítez Cuevas, las compuertas volvieron a quedar en su posición correcta.
Habiendo realizado estas consideraciones, me resulta imposible no enfatizar mi preocupación por las consecuencias que pudieran derivar del camino que ha decidido tomar el gobierno de nuestro país. Reconozco que sería más fácil subirme a la ola del populismo, más aún con el condimento del nacionalismo exacerbado que hace que se festeje más la acción lírica al respecto que otra cosa, que tomar estas posturas que no caen bien.
Pasa por contemplar todos los escenarios posibles y saber que a toda acción viene una reacción. Y si bien puedo entender y hasta coincidir en que se nos ha terminado la paciencia, -con razón-, pues las trabas fluviales argentinas, arbitrarias con nuestro país datan de décadas, y ser conscientes que el camino de las represalias puede ser cuanto mínimo, peligroso. Es un camino lamentable donde lo primero que hay que saber, es que Argentina puede hacer lo mismo, y allí… allí en panorama se pone complicado. Reitero, no se trata de ser más valiente, tibio o miedoso, sino prudente y criterioso, pues detrás, están los intereses y riesgos reales para todo nuestro país y nuestra gente. ¿Cuáles?
Paraguay reclama alrededor de ciento cincuenta millones de dólares en pagos atrasados por la energía de Yacyretá. El problema es que Argentina sostiene que no hay registro y no admite la existencia de ninguna deuda de la EBY con Paraguay. Nuevamente, posiciones dispares.
Pero el problema más grande detrás de todo esto, no son los 150 millones. El problema, y éste sí “jodido y no macana”, es el ordenamiento económico y financiero que tiene pendiente la Entidad Binacional Yacyretá y que requiere de un acuerdo de los dos países que sea ratificado por ambos parlamentos. En algún momento los dos países deberán conciliar los registros contables para establecer un ordenamiento económico y financiero. Y allí, la gran deuda que tiene la EBY no es con Paraguay sino con la Argentina, pues el Estado argentino fue el que financió la construcción de la represa en los años 80 y 90. ¿Quién es por tanto el gran acreedor? El tesoro argentino, que puso todos los recursos financieros para desarrollar el emprendimiento y todas las obras complementarias.
Si bien la cifra debe acordarse bilateralmente, se estima que la deuda por la construcción de la represa es de unos 9.000 millones de dólares y a la fecha, habrían más de 14.000 millones de dólares en intereses.
Muchos estarán pensando, ¿Y el acuerdo Cartes/Macri? El acuerdo Cartes/Macri, para los que no recuerdan o saben, se trató de un acta de entendimiento que estableció otro reordenamiento económico financiero de la central binancional, mediante el cual, entre otras cosas, se habría acordado la reducción de la deuda de Paraguay con Argentina, a alrededor de 4.000 millones de dólares. Una reducción por demás significativa. El problema, nuevamente el problema, es la aprobación, la validez, el reconocimiento y la ejecución de dicho acuerdo. ¿Por qué? Porque Argentina parece haber descartado dicho acuerdo, cuando en octubre pasado comunicaron que no lo pondrán a consideración del Congreso. Es decir, lo enterraron.
¿Entienden por qué la cautela, la prudencia, la cordura y el criterio antes que la emoción y el sentimiento?
Una cosa es lo que puedan decir ahora y otra muy distinta podría ser al tener que administrar carencias y necesitar recursos. De hecho, el equipo económico de Peña parece haberlo entendido, pero sólo en parte, cuando pasó de su postura inicial de peaje no a su postura actual de peaje sí, pero consensuado.
Considerar que, con la decisión del no tratamiento del Congreso argentino, no hay posibilidad de que el congreso argentino lo apruebe y por tanto, la discusión es nuevamente en torno a los 20.000 millones.
Imagínense que ahora el gobierno argentino reaccione apretándonos con esas cifras, con interponer alguna acción legal y de otro tipo. Eso sería un posible pasivo que afectaría nuestro riesgo país, nuestra condición de buenos pagadores y hasta podría hacer tambalear nuestra economía. Hablamos de un monto que supera nuestro Presupuesto General, que supera nuestra deuda externa, por ejemplo.
Y eso sin mencionar, otras reacciones posibles.
Por tanto, es de patriotas contemplar todos los escenarios y ser conscientes de quienes están en mejores condiciones para que sus reacciones sean de impacto.
Con el camino que ha elegido nuestro gobierno, podemos salir airosos, manteniéndonos firmes y plantados, pero también, hasta la cabeza enterrados. Nuevamente, no está en cuestión el reclamo: es justo y le asiste derecho al Paraguay. Debemos reclamar, hacernos valer y obtener decisiones favorables. Pero tal vez resulte necesario, en ésta cuestión de la hidrovía, corazón caliente y mente fría.
