La policía belga efectuó en la tarde del lunes un allanamiento en la sede del Parlamento Europeo (PE) en Bruselas para incautarse de datos necesarios para la investigación del supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales por parte de trabajadores de esta institución vinculado a Catar.
«Desde el viernes, con el apoyo de los servicios de seguridad del Parlamento Europeo, se habían «congelado» los medios informáticos de diez colaboradores parlamentarios con el fin de evitar que datos necesarios para la investigación pudieran desaparecer. El registro de este lunes en el Parlamento Europeo tenía por objeto coger esos datos», informó en un comunicado la Fiscalía federal belga.
El anuncio de la Fiscalía ha coincidido precisamente con la celebración de un debate en el pleno de la institución, que esta semana se reúne en la ciudad francesa de Estrasburgo -sede oficial de la institución-, sobre el caso de presunta corrupción, blanqueo de capitales y organización criminal desvelado el viernes pasado por las autoridades judiciales belgas, que llevaban cinco meses investigándolo.
En su comunicado, la Fiscalía belga confirmó que en total desde ese día han tenido lugar 20 registros, 19 de ellos en residencias particulares y oficinas, a los que se suma el de esta tarde en los locales del Parlamento Europeo.
En ellos se han confiscado «varios centenares de miles de euros», en concreto, 600.000 euros en el domicilio de uno de los sospechosos, «varios centenares de miles de euros en una maleta en una habitación de un hotel de Bruselas» y «unos 150.000 euros en el apartamento de un eurodiputado», según indicó la Fiscalía.
Confirmó que, de las seis personas detenidas para su interrogatorio, cuatro han sido arrestadas y comparecerán ante la Cámara del Consejo -un tribunal belga- el miércoles, entre las que se encuentran un miembro del Parlamento Europeo.
Aunque la Fiscalía no facilitó los datos, se sabe que está imputada la vicepresidenta de la Eurocámara Eva Kailí, de la formación socialista griega PASOK, así como el exeurodiputado Antonio Panzeri, que actualmente dirigía la ONG Fight Impunity y cuya esposa e hija fueron detenidas el viernes en Italia en relación con el caso.
