El Movimiento Al Socialismo no es un partido político, sino una agrupación criminal. Esa es la realidad que muchos no se atreven a aceptar. Uno, porque no tiene ninguna motivación en gestionar el país, sino solamente en sostener el poder a cualquier costo. Dos, porque su accionar siempre respondió a la violencia callejera y el terrorismo.
¿Piensa que exagero?
14 de enero del año 2002, Sacaba, un municipio de mi natal Cochabamba, amanecía rodeada por 5000 cocaleros al mando de Evo Morales. La consigna era reabrir el mercado de la coca que el gobierno había cerrado un tiempo atrás.
Los policías que custodiaban el lugar se enfrentaron a las bombas molotov que tiraban los cocaleros. Pero no pudieron evitar que 25 vehículos sean reducidos a cenizas. Debido a la constante arremetida de las huestes violentas, las autoridades enviaron un contingente militar en apoyo al grupo policial.
Mauro Bertero, en ese entonces ministro de informaciones, denunció la presencia de francotiradores y el uso de armas de fuego por parte de los cocaleros. La violencia se acentuó con los días. Empezaron a aparecer los muertos del bando de Morales, pero con una salvedad, el calibre de las municiones no correspondía a los que usan las Fuerzas Armadas de Bolivia. Esa técnica de asesinar a sus propios militantes fue importada desde Colombia, como muy bien lo explica Fernando Vargas Quemba en su libro: Memoria histórica de las Farc, su verdadero origen.
El jueves 17 de enero, al atardecer, una ambulancia fue atacada por un grupo de campesinos que secuestró a dos agentes del orden (el teniente Marcelo Trujillo y el policía Antonio Gutiérrez) que iban heridos en el interior. Los cuerpos de los uniformados fueron encontrados el viernes en la madrugada, desnudos, torturados y ahorcados, abandonados a orillas de un río cercano a Sacaba.
A raíz de estos hechos, el 22 de enero, en una sesión maratónica, con 104 votos a favor y 14 en contra La Cámara de Diputados de Bolivia separó de su seno a Evo Morales. Sin embargo, sus aliados en la prensa y las organizaciones de Derechos Humanos salieron en defensa del cocalero. Usaron el típico truco victimista de los progresistas. Para estos operadores de la corrección política no se expulsó a Evo por sus actos terroristas, sino por racismo y discriminación contra los indígenas. Por su parte, Morales usó la amenaza y el chantaje.
El gobierno, en ese entonces al mando de Jorge Quiroga, decidió ceder a las quejas de los progresistas y a las amenazas cocaleras. Cambió la justicia por la paz, pero ésta no duraría mucho. Pues en septiembre del 2003, estando Gonzalo Sánchez de Lozada ya de presidente, Evo Morales, Felipe Quispe y Carlos Mesa dieron un golpe de Estado. La Republica de Bolivia era tomada como rehén de una peligrosa pandilla transnacional llamada: Socialismo del siglo 21.
La defensa e industrialización del gas boliviano fueron las consignas que usaron los subversivos como bandera de guerra. No obstante, a casi dos décadas de esos acontecimientos, Bolivia dejó de ser una potencia gasífera. Carlos Miranda Pacheco, el mejor analista energético que tuvo el país, en una de sus últimas entrevistas en vida para el portal www.energiabolivia.com manifestó lo siguiente:
Estamos sufriendo el efecto de habernos retrasado en hacer una campaña de exploración para reemplazar lo que estábamos exportando. Actualmente nos falta gas para llenar los contratos que tenemos, pero no quiere decir que Bolivia ya no tiene más gas. El gas que se ha producido viene de explotar ± 12% del área potencial total del país. No se ha hecho exploración fuera del área tradicional y al haber efectuado exploración tardía tan solo en el área tradicional, hace que a la fecha nos falte gas. Los ingresos por la venta de hidrocarburos han sido fundamentalmente dilapidados en el país en financiar proyectos inconclusos, empresas sin fines productivos, y despliegues políticos nacionales y convenciones internacionales también celebradas en el país.
Miranda no fue el único que advirtió el desastre de la gestión energética del Movimiento Al Socialismo. Por ejemplo, Álvaro Ríos, ministro de Hidrocarburos de Bolivia entre 2003 y 2004, en un análisis publicado en el periódico Los Tiempos (noviembre 2021) señaló que:
La situación boliviana es cada vez mucho más compleja debido a que progresivamente se está importando más gasolina y más diésel. Este 2021 ya se ha importado cerca del 71 por ciento de la demanda de diésel y cerca del 36 por ciento de la demanda de gasolina. Al ritmo que vamos, probablemente el año 2023 empezaremos a importar gas licuado de petróleo (GLP). Y cuando hagamos eso tendremos que importar al precio internacional, al precio en que en ese momento esté. Finalmente, si no hacemos nada, el año 2030 estaremos comenzando a importar gas natural. En 2030 importaremos gas porque la producción boliviana está declinando. Entonces, de ser un país productor de gas y exportador de gas, pasar a ser un país neto importador de combustibles le va a costar una factura muy dura a Bolivia.
Evo Morales derrochó la renta gasífera en empresas públicas ineficientes, en debilitar la institucionalidad democrática, en corromper conciencias de fiscales y jueces para encarcelar a sus opositores, y en posicionar su imagen de «libertador» de los indígenas y humildes del mundo. A Morales nunca le interesó hacer gestión política, su única motivación era sostener su dictadura a cualquier costo. Ya es hora de dejar de tratar como hombres de Estado a un simple grupo de hampones.
