El problema de la sobrepoblación en las cárceles del vecino país, no es novedad, en este caso parece que la gestión del presidente Jair Bolsonaro, ha encontrado una posible solución: la privatización.
Durante una entrevista, la secretaria especial del Programa de Asociación de Inversión del Ministerio de Economía, Martha Seillier, comentó que el modelo que se pretende instaurar será una asociación público-privada, a través de la cual una empresa obtendrá la concesión para administrar la prisión durante 35 años.
Para compensar esa inversión, los detenidos trabajaran solventando sus propios gastos y dejando de depender del dinero del erario público. Así mismo, cada condenado verá reducida su pena, de acuerdo a las horas trabajadas.
Desde el área gubernamental, se explicó que la idea inicial es reducir el déficit de vacantes en las cárceles. Al mismo tiempo, que se forme una “política pública que genere ingresos, oportunidades y reduzca el costo para el Estado”.
Según expresó la funcionaria, el trabajo será opcional, aunque “cada tres días trabajados es un día menos en prisión“, lo que facilitará la adhesión de los reclusos al programa. Además, recibirán una remuneración que no puede ser inferior al salario mínimo. Y parte de ese dinero, ayudará a mantener el sistema, haciendo que cada preso pague por su propio alojamiento, comida y gastos médicos.
Este modelo ya se puso a prueba en la ciudad de Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil. En dónde su prisión opera a través del sector privado desde su construcción hasta la administración.
Cómo destacó la Secretaría, se pretende llevar a cabo dos nuevos proyectos, uno en el departamento de Santa Catarina y otro en Río Grande do Sul, para que funcionen como modelo y puedan duplicarse a futuro, en el resto del país.
