Organizaciones campesinas e indígenas solicitaron a través del Congreso Nacional convocar a los tres poderes del Estado, para que sean atendidas sus exigencias, entre ellas la derogación de la ley que criminaliza las invasiones.
Como era de esperarse, los manifestantes entablaron una mesa de diálogo en la Cámara de Senadores que contó con la participación de autoridades del Poder Ejecutivo y legisladores.
El sector planteó que las propiedades que son incautadas al crimen organizado sean destinadas a la Reforma Agraria y que los bienes de gran valor sean rematados para utilizar el dinero para el plan de emergencia. Además, pidieron la provisión de semillas, infraestructura y apoyo técnico a los pequeños productores, pero sus demandas no se acaban allí.
Pidieron la aprobación del proyecto de Ley de Seguro Agrícola, el congelamiento de interés de las deudas por un plazo de 3 años y moratoria de un año y la liberación de los “presos políticos” detenidos durante las invasiones tierra.
