La Unión Europea (UE) anunciaba el pasado mes de septiembre la paralización total de la entrega de los fondos de recuperación a Hungría, el dinero que se repartió entre todos sus miembros para afrontar la crisis generada por la pandemia.
Es de importancia aclarar que este dinero es recaudado a través de las transferencias anuales de los países miembros al Consejo Europeo, por lo que en definitiva no es un subsidio si no una retribución por la cuota pagada en tiempo y forma.
La excusa que utilizaron en su momento las autoridades europeas fue la falta de “rule of law” y la poca transparencia política que tenía el país, como si Hungría fuera una dictadura tercermundista.
En todo momento negaron que fuese por la ley de Protección de la Infancia que aprobó el Parlamento húngaro, y que tanto revuelo había causado en la Unión Europea, clasificándola incluso como ley “anti-LGTB”.
A finales de septiembre y principios de octubre de 2021, el Parlamento Europeo enviaba una misión especial a Hungría para inspeccionar la independencia judicial y la libertad de prensa.
La mayoría de los legisladores coincidieron en que no se encontraron pruebas de ello, aunque como era de esperarse un puñado de diputados progresistas y de extrema izquierda afirmaron lo contrario, y recolectaron supuestas declaraciones de algunos periodistas y jueces denunciando persecución política.
A pesar de la satisfactoria misión parlamentaria, la Unión seguía sin liberar los fondos. Este viernes, finalmente, la Comisión Europea admitió que la retención de los fondos de recuperación de Hungría se debe a su “preocupación” por la ley de protección de la infancia.
El comisario de política económica de izquierdas, Paolo Gentiloni, admitió formalmente en el Consejo ECOFIN que, efectivamente, existe un vínculo entre la ley húngara de protección de la infancia y la retención de los fondos de recuperación.
La eurodiputada del Fidesz, Enikő Győri, señaló que “el sabotaje de la Comisión hasta ahora ha resultado ser ilegal. Este procedimiento es inaceptable y supone una grave violación de los Tratados y del principio de igualdad entre los Estados miembros. Este tipo de juego político hace imposible la competencia leal y socava profundamente la unidad de la Unión“.
Además, Győri añadió: “El comisario Gentiloni acusó a Hungría de practicar la discriminación en la educación. Permitir que los padres decidan sobre la educación sexual de sus hijos no es una discriminación, es una cuestión de competencia nacional y no puede vincularse al desembolso de fondos de la UE. Hungría tiene derecho a este dinero del mismo modo que los demás Estados miembros. Seguir reteniendo los pagos es un intento de obstaculizar el desarrollo de la economía húngara y de poner a los húngaros en desventaja”.
Hungría fue uno de los primeros países de la Unión en presentar su plan de recuperación nacional en mayo de 2021 y ha participado activamente en las consultas con la Comisión. El plan de recuperación húngaro estaba en vías de adopción, cuando Viktor Orbán se enteró que no iba a poder ser aplicado porque no iba a recibir los fondos que le pertenecían. Las negociaciones llegaron a un punto muerto tras la adopción de la ley húngara.
Esto es un claro ataque ideológico a Hungría, por una ley que tiene que ver con la educación, una competencia la cual Hungría es soberana y la Unión Europea no tiene ningún tipo de competencia, por lo cual, están cometiendo una ilegalidad.
Todo este ataque a Hungría se basa en que el gobierno del Fidesz no sigue la Agenda 2030. En su lugar, tiene una agenda propia, una agenda patriótica, cristiana y conservadora. No se dejan amedrentar ante el órgano supranacional ni a los intereses globalistas, frenan la ideología “woke”, con todo lo que eso conlleva: multiculturalismo, feminismo radical, ecologismo anticapitalista, ideología LGTB, multiculturalismo, en definitiva, marxismo cultural.
Lo que más hace rabiar a los burócratas de Bruselas es que Hungría es un modelo de éxito, tanto social, como económico, como político e incluso demográfico.
Siempre se había dicho que se tenía que seguir la agenda progresista para que un país pudiera tener éxito, ahora Hungría, y también países como Polonia, presentan un modelo alternativo, con el cual se puede conseguir el éxito y esto es lo que no quieren permitir, porque si lo hacen, aparecería un ejemplo a seguir en sus propios países y se les caería el chiringuito fácilmente.