Todo estado de derecho resulta indispensable para preservar nuestros derechos y libertades y procurar nuestro bienestar.
Es de público conocimiento que la pandemia ha derivado en la declaración de “estado de alarma”, o “estado de emergencia sanitaria” en la mayoría de los países y ello ha contribuido a agudizar el deterioro del estado de derecho, en mayor o menor medida.
Esta situación está afectando derechos fundamentales, uno de los principales el de la libre circulación de los ciudadanos: una vertiente de la libertad asociada en forma directa a la existencia de todo sistema democrático e inexistente en los regímenes autoritarios.
Resulta necesario que nos interroguemos sobre los límites que pueden ponerse en los sistemas democráticos a la libertad de circulación de los ciudadanos, pues no está de más recordar que la mayoría de las Constituciones que regulan el “estado de alarma o emergencia” no mencionan ni hacen referencia a ninguna posibilidad de que los Gobiernos limiten dicha libertad. Casi tampoco, los derechos de reunión y manifestación, u otras medidas repetidas que figuran en los distintos decretos y resoluciones elaborados con enorme ligereza a la luz de los acontecimientos.
Cuando un Gobierno dicta decretos, normas o resoluciones (“reglas”) que inciden o más bien “interfieren” en derechos fundamentales y libertades públicas, ameritaría un pincel mucho más fino que una brocha gorda y que aborde todos los detalles dentro de los límites de cada Constitución que permanece y debe continuar plenamente vigente. El equilibrio de poderes es trascendental y compatible incluso en la adopción de medidas necesarias para enfrentar una pandemia como la que padecemos.
El deterioro del estado de derecho se está extendiendo por todo el mundo y a propósito, recientemente se ha publicado el “The World Justice Project Rule of Law Index”, que es la principal fuente mundial de datos originales e independientes sobre el estado de derecho. El Índice abarca 139 países y jurisdicciones, se basa en encuestas nacionales de más de 138.000 hogares y 4.200 profesionales del derecho y expertos, y mide cómo se vive y se percibe el estado de derecho en todo el mundo.
Define el Estado de Derecho como un sistema duradero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario que ofrece: rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, y justicia accesible.
El índice muestra lo que dijimos, que la gran mayoría de los países disminuyeron el desempeño general del estado de derecho, y lo hicieron por cuarto año consecutivo. “En un año dominado por la pandemia mundial de COVID-19, el 74,2% de los países encuestados experimentaron descensos en el desempeño del estado de derecho, mientras que solo el 25,8% mejoró. El 74,2% de los países que experimentaron descensos este año representan el 84,7% de la población mundial, o aproximadamente 6.500 millones de personas.”
Los descensos fueron generalizados y se vieron en todos los rincones del mundo. Por segundo año consecutivo, en todas las regiones, la mayoría de los países retrocedió o permaneció sin cambios en su desempeño general en el estado de derecho.
Las restricciones a los poderes del gobierno disminuyeron y los espacios cívicos disminuyeron en medio de la pandemia.
Durante el año pasado, el 82% de los países del Índice experimentaron una disminución en al menos una dimensión del espacio cívico (participación cívica, libertad de opinión y expresión y libertad de reunión y asociación).
Discriminación y justicia bajo la lupa durante COVID-19. Durante 2020, el 67% de los países cubiertos por el Índice experimentaron descensos en los indicadores que evalúan la igualdad de trato y la ausencia de discriminación. Durante el año pasado, el 94% de los países del Índice experimentaron un aumento de las demoras en los procedimientos administrativos, civiles o penales. En casi dos tercios de los países, los sistemas de justicia civil registraron mayores demoras.
La edición 2021 del WJP Rule of Law Index incluyó 11 nuevos países, entre los cuales se encuentra Paraguay. Dinamarca, Noruega y Finlandia encabezan la clasificación del Índice de Estado de Derecho. Venezuela, RB; Camboya; y la República Democrática del Congo obtuvieron los puntajes generales más bajos en estado de derecho, los mismos que en 2020.
¿Cómo está Latinoamérica y particularmente Paraguay?
En Latinoamérica el mejor ubicado, ocupando el puesto número 1 de 32 es Uruguay, que a su vez ocupa el privilegiado lugar número 25 del mundo, por delante de países como Estados Unidos, por ejemplo. Nuestro país se encuentra en el puesto número 25 de 32 en Latinoamérica y 96 en 139 en el índice global.
Los países con la mejora más sólida en el estado de derecho fueron Uzbekistán y Moldavia, ambos impulsados principalmente por mejoras en las restricciones a los poderes del gobierno y la ausencia de corrupción, Gobierno Abierto, Acceso a la Justicia Civil y Justicia Penal.
Por otro lado, el mayor declive del estado de derecho se observó en Bielorrusia y Myanmar, ambos impulsados principalmente por la caída de las puntuaciones en Restricciones a los poderes gubernamentales y los derechos fundamentales.
«Con tendencias negativas en tantos países, esta edición del Índice de Estado de Derecho del WJP debería ser una llamada de atención para todos nosotros», dijo el cofundador y director ejecutivo del WJP, Bill Neukom. “El Estado de Derecho es la base de comunidades de justicia, oportunidades y paz. Reforzar esa base debería ser una de las principales prioridades para el período de recuperación de la pandemia”.
- Brindar seguridad jurídica (garantizar derechos y libertades)
- Cumplir los compromisos del país
- Respetar la separación y equilibrio de poderes
El grado de concreción de éstos “preceptos” tiene un valor incalculable e inconmensurable para cada país… Para bien, o para mal.
