El Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizaron una investigación en la que abordan “la gobernabilidad democrática en línea”.
El estudio, presentado en el Parlamento este lunes, revela que el problema es universal y que puede ser “complejo” tratarlo desde Uruguay.
Los autores de esta investigación encuestaron a un total de 40 periodistas, académicos, miembros de la sociedad civil y empresas a quienes les consultaban qué tan de acuerdo estaban con determinadas frases.
Responsabilidad de los gigantes tecnológicos
El 80% mostró su coincidencia acerca de que las principales redes sociales deban ser consideradas como “espacios públicos, más allá de la propiedad privada de las mismas”.
Siete de cada 10 encuestados perciben, además, que estas plataformas (como Facebook, Google, Instagram o Twitter) dejaron de ser “solo mediadores” para convertirse en “gatekeepers”. Esto significa que creen que tienen “capacidad de incidir en la diversidad y pluralismo de informaciones y opiniones en internet”.
“La moderación de contenidos de las grandes plataformas y la creciente concentración en pocas corporaciones constituyen una amenaza a la deliberación pública y la libertad de expresión en internet”, concluye el informe.
Fabián Werner, presidente del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), alude en el estudio a la remoción de contenidos que existió en estas plataformas durante protestas sociales en Colombia, Chile y Brasil.
El texto agrega que las grandes plataformas de contenidos en internet “deben respetar” los principios internacionales en materia de derechos humanos y “tener límites” en la moderación de contenidos.
Además, dicen que el Estado tiene “la obligación de aprobar regulaciones (siempre que sean democráticas) para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en línea”.
Este informe se revela días después de que un contenido de Sudestada, que revela el rol de un estudio jurídico uruguayo en el caso Lava Jato, fuera eliminado de Google. Tras un reclamo judicial, el material fue indexado otra vez.
Los entrevistados aseguran, en su mayoría, que la concentración de los servicios de Internet en pocas empresas “afecta negativamente la diversidad cultural, la democracia y la libertad de expresión en línea”.
También hay un acuerdo “casi unánime” con la necesidad de que las plataformas ofrezcan a las y los usuarios mecanismos personalizables para el filtrado de su consumo de información de acuerdo a sus preferencias
La responsabilidad y la ignorancia de los usuarios
Todos los días los ciudadanos uruguayos utilizan herramientas creadas por estos gigantes tecnológicos. El informe describe que “hay un alto nivel de desconocimiento” sobre cómo moderan los contenidos y cómo se respetan sus derechos en cada uno de ellos. De hecho, aseguran que el número de denuncias por cómo estas plataformas moderan los contenidos “es casi nula”.
A nivel científico también hay poco. Según el informe existe un “gran desconocimiento” en los tomadores de decisión (autoridades de gobierno, legisladores, etc.) y “las reacciones regulatorias que se han visto hasta el momento son inadecuadas y desproporcionadas”.
¿Qué hacer?
Los encuestados aseguran que existe un muy alto nivel de acuerdo (90%) sobre la necesidad de complementar la autorregulación privada de las grandes plataformas “con algún tipo de contralor público y democrático”.
Aseguran que tienen la obligación de aprobar regulaciones “(siempre que sean democráticas)” para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, también en internet.
El relevamiento de Observacom concluye que hay una necesidad de trascender a nivel nacional y generar alianzas regionales. Será el mecanismo para tener una “incidencia efectiva” en esta agenda.
Si bien las intenciones de Uruguay pueden ser legítimas, el impacto “será limitado” si no se visualiza un escenario “más amplio”.
Pero advierten de una amenaza general. “Tanto los mecanismos de control privado como las intromisiones gubernamentales están en ascenso”, indica el estudio. Esto se transforma en un peligro para la libertad de expresión.
