El 4 de octubre la Suprema Corte de Justicia anunciaba la entrada en vigencia el Sistema Integral de Gestión Registral Electrónica (e-SIGR), en la Dirección General de los Registros Públicos.
Unos días después, a la luz de los acontecimientos de larga data y que todos ya sabemos entorno a la Dirección General de Registros Públicos, -precisamente el 25 de octubre-, la misma Corte aprobaba un “plan de trabajo para la normalización de la expedición de los documentos pendientes en la Dirección General de los Registros Públicos”.
Se suspenden los plazos y por primera vez ocurre un hecho inédito: se paralizan y cierran los registros públicos, a raíz de que reconocieron -palabras más palabras menos-, que su sistema no funciona ni va a funcionar, dicho por las propias autoridades.
Habiendo contratado por 16mil millones de guaraníes un nuevo sistema, resulta que ahora deberán cerrar el registro para migrar los datos del viejo sistema al nuevo y transcribir en forma manual unos 43mil documentos.
Es curioso que para las cuestiones más graves del país no haya dinero pero sí pera un software que no funciona.
Según informó el presidente de la Corte, César Diesel, hasta ahora sólo han realizado el pago anticipado al Consorcio Registral Electrónico, empresa encargada de la implementación del nuevo sistema informático en la Dirección Nacional de Registros Públicos. El anticipo abonado fue de 2.400 millones de guaraníes; el mismo tiene una póliza de garantía vigente por el valor total del contrato que garantiza el fiel cumplimiento del mismo. Dicho contrato tiene un plazo de 41 meses y actualmente se encuentra “en revisión” por la auditoría dispuesta por la SCJ. (la auditoría la realiza la misma SCJ…)
En nuestro país, sólo la realidad supera la fantasía. Un largo período de tiempo trabajando a puertas cerradas por la pandemia y volvemos a foja cero. Nadie sabe lo que va pasar pero lo cierto y lo concreto es que muchos temen que suceda lo mismo que con el Metrobus.
Como es costumbre, vayamos al caracú y enfoquémonos.
El problema de los Registros públicos es de larga data pero se ha ido agravando hasta llegar a estas dimensiones insoportables en las que nos encontramos hoy.
Una escritura por ley debe expedirse en veinte días. Un certificado de condición de dominio, diez. Pero resulta que tan sólo un certificado demora 30, 40 días o más. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, no cumple los plazos ni condiciones establecidas por ley.
Comprar, vender, transferir, hacer un préstamo, etc. son trámites trascendentales y resulta que el Estado no provee en tiempo y forma los elementos para la formalización, pero te detiene en la primera esquina y te multa si no te tenés chapa. Y esto, ¿no es abuso de poder?
Vayamos más a fondo: ¿y si tenés que vender una propiedad para pagar una deuda, o para cubrir un tratamiento del que depende la vida?
Sigamos:
¿Qué pasa con el daño emergente?
¿Qué pasa con el lucro cesante?
¿Quién te repone?
Y al mismo tiempo me pregunto ¿por qué no hay demandas colectivas contra organismos y dependencias del estado?
Es muy grave.
Y volviendo al sistema, imagínense que la propia asociación de funcionarios del registro, en una nota dirigida a la corte habla de “riesgo de la seguridad jurídica y vulnerabilidad del sistema”. Los datos podrían ser alterados y manipulados, ¡imagínense! Mientras tanto, en una institución absolutamente ineficiente, una directora lleva más de 20 años aferrada a su poltrona. Sumariada en varias ocasiones pero inamovible.
Es tanta la implicancia del problema, que hace a la economía del país, hace a la competitividad y alguien debe hacerse responsable. ¿O no?
Y aquí la cuestión: la dilación es parte fundamental en el esquema de la corrupción. Y hablando de corrupción, estamos ante la institución de más alto rango y la más corrupta del Paraguay. La que debiera ser la solución y es el problema.
Se pueden aumentar penas, se puede legislar una y mil veces que los organismos de ejecución son los mismos y permanecen intactos.
Y para ir terminando, hagamos catarsis. Y para ello voy a recurrir a palabras de alguien que no diré quién es pero él sabrá y otros también. Y no lo diré porque no es popular y quiero mantener disociada la reflexión final y la persona, para no alterar el valor del contenido.
“Hay costumbres culturales nuestras muy fuertes y en todos los ámbitos: construimos en leyes un país de fantasía, un país de guaú y nos peleamos entre nosotros y discutimos para construir un conjunto de leyes que describe como va funcionar la sociedad. Y nos enamoramos de nuestra obra de arte! Fantástico! Y luego la realidad no se parece ni un poquitito”.
Pareciera que el atropello es un signo y sinónimo de poder que nos infla el pecho. En la cultura se confronta la ley de la fuerza con la fuerza de la ley. Ha sucedido en la historia de la humanidad, pero aquí es presente y no ha cambiado. Esa sí que es ley, tiene nombre, rige y está vigente: “la Ley del mbareté.”
Todos hemos sufrido la ausencia de justicia y también todos sabemos que hay un Paraguay mejor, aunque sea en nuestros sueños. Va llevar tiempo construir capacidad, construir confianza, construir vínculos permanentes para hacer las reformas suficientes, para unir al Paraguay con problemas al Paraguay mejor. Pero está ahí, esperando que se decidan ir a él. Se necesitan personas, acciones, determinación, convicción y perseverancia por tiempo suficiente.
Asumir que es un proceso que lleva tiempo es el inicio del camino y necesitamos líderes que logren conectar, involucrar en el trabajo, en la propuesta, en la solución. Si seguimos esperando que venga, seguirá sin suceder.
