A principios de los 90 se tuvieron las primeras noticias acerca de la asociación entre los residuos de los grupos insurgentes latinoamericanos y los cárteles del narcotráfico. Por ejemplo, Sendero Luminoso, guerrilla peruana, se autoproclamó defensora de los productores de coca, aunque su verdadera tarea consistía en evitar que las unidades antinarcóticos de la Policía y las Fuerzas Armadas del Perú detengan a los narcotraficantes. Obviamente, el servicio de matonaje y seguridad se cobraba mediante algo llamado: impuesto revolucionario.
Sin embargo, Sendero Luminoso no fue el único grupo irregular ligado al narcotráfico. Se sabe que las FARC han usado el dinero de las drogas para sobrevivir y presionar a los diferentes gobiernos colombianos hasta el sol de hoy.
De hecho, el 2017, al momento de firmar El Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, las FARC admitieron cobrar un impuesto a los productores de coca y otro a los compradores de cocaína. Básicamente, los guerrilleros confesaron que ganan hasta US$450 por cada kilo de droga que se produce y se mueve a través de su territorio. Incluso si ésta fuera su única participación en el tráfico de drogas, les daría como ganancia un mínimo de US$50 millones al año, sólo del comercio de base de coca en sus áreas de influencia, y hasta US$90 millones producto del movimiento de cocaína.
Sin embargo, en mi natal Bolivia, cuya ventaja comparativa para la siembra de coca supera a Perú y Colombia, no existían grupos guerrilleros, pues el fracaso del Che Guevara en los 60 y el desmembramiento del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), liderado por Felipe Quispe y Álvaro García Linera, habían dejado sin muchas ganas de jugar a la guerra a los revoltosos de la izquierda boliviana.
Pero esta tropa de malvivientes no se quedaría tranquila. Su estrategia no sería la lucha armada, por lo menos de manera frontal, sino que dinamitarían la joven democracia boliviana mediante agentes subversivos camuflados de periodistas, profesores, presentadores de televisión y «consultores» en temas de indigenismo.
Justamente, que el dirigente cocalero Evo Morales haya sido uno de los elegidos por esta recua de bolcheviques trasnochados respondía a dos razones: 1) la necesidad de construir un discurso alrededor de los «indígenas» bolivianos, y 2) la posibilidad de acceder a los grandes fondos financieros que se obtenían de la producción de coca, como ya lo habían hecho en Perú y Colombia.
Con Evo a la cabeza del movimiento cocalero, las ONGS posicionaron en la opinión pública la idea de que oponerse a la lucha contra el narcotráfico dejaba de ser un delito para convertirse en un «acto de resistencia» contra el imperialismo norteamericano y una reivindicación de la «hoja sagrada» de los Incas.
Usaron ese pretexto para asesinar al teniente de ejército Marcelo Trujillo en enero del 2002. También se escudaron bajo esa falacia para cubrir la cruel muerte de los esposos Andrade el año 2000, no se trataba de un policía y su pareja, sino de un «agente del imperio».
De igual forma, siguiendo el consejo de Fidel Castro de la época de La tricontinental, se compraron un partido político para que un iletrado Morales se presente como un hombre de Estado y gobierno. Aunque no lo crea funcionó, ya que el 2002 el cocalero era elegido diputado y el 2005 alcanzó la presidencia de Bolivia.
El 22 de enero del 2006, Evo era posicionado como presidente de Bolivia. Tres cosas caracterizaron a su largo mandato: 1) Sometimiento absoluto a la dictadura cubana, 2) Incremento de la pobreza hasta un 70% de la población, y 3) El terrorismo de Estado como método para someter a opositores, empresarios y cualquier voz disidente.
Si bien, a nivel nacional e internacional se ha posicionado la idea de una ruptura irreconciliable entre Evo Morales y Arce Catacora, actual presidente de Bolivia y ex ministro del cocalero, esta no pasa de ser una disputa por el botín del Estado, que incluye grandes dosis de corrupción y extorsión al sector privado. No importa quien gane en esa interna, la libertad siempre será la que pierda.
