En septiembre del 2004, casi un año después del violento derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en el marco del Proyecto Amazon, el director del DAS, el entonces más importante organismo de seguridad de Colombia, Jorge Noguera reveló que las FARC habían desarrollado un plan de expansión de su red de narcotráfico a varios países de la región, Bolivia, entre ellos. En ese contexto, Noguera mostró que al menos 70 combatientes de las FARC tuvieron participación en la Guerra del Gas de octubre 2003.
Por su parte, Manuel Sánchez, jefe de INTERPOL Perú, informó que las FARC también estaban causando terror en Perú y Bolivia, sus palabras textuales fueron:
Las FARC están trayendo bastantes problemas en mi país, incluso tengo entendido que tienen rehenes, tanto nacionales como extranjeros. Definitivamente, como organización terrorista, están tratando de expandirse en otras naciones de Sudamérica.
No obstante, las FARC no fueron la única agrupación delincuencial presente en Bolivia en esas fechas.
El escritor Emilio Martínez, en su más reciente libro: Los 5 mitos de octubre, muestra que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tenía a más de 500 de sus milicianos presentes en Bolivia. Martínez, en la página 21 de su trabajo, afirma lo siguiente:
El 10 de abril de 2003, un operativo policial boliviano detuvo al guerrillero colombiano Francisco Cortés Aguilar, alias Parmenio, junto a dos dirigentes cocaleros y dos mujeres en una vivienda de El Alto. El grupo estaba en posesión de fusiles, municiones, elementos para la fabricación de minas explosivas, tres kilogramos de cocaína y, lo que es más importante, de un plan para crear una guerrilla: la Misión-Proyecto ELN boliviano.
Entonces, eso que Hugo Chávez popularizó como: Diplomacia de los pueblos, no era nada más que una mera careta para la exportación de tecnología criminal y la infiltración de pandilleros a toda Sudamérica. Una fachada para que sicarios, matones y narcotraficantes secuestren naciones enteras, que luego fueron convertidas en tiranías y dictaduras.
De hecho, la pérdida de la democracia, la institucionalidad y la libertad han convertido a Bolivia en una dictadura satélite del Socialismo del Siglo XXI, con todas las consecuencias que eso conlleva para la vida, la libertad, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos bolivianos. Por ejemplo, el grupo InSight Crime, en una investigación titulada: Desertores de las FARC Trabajan como Asesinos en Bolivia, asevera que:
Bolivia se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para el crimen organizado por una variedad de razones. La DEA fue expulsada en 2008 y no se le ha permitido regresar, la policía nacional y el sistema judicial son débiles y corruptos y hay pocos controles sobre las armas o municiones. Es uno de los tres principales productores mundiales de cocaína y existe un largo historial de colaboración con grupos colombianos, y más recientemente, los brasileños. Donde el crimen organizado está presente, también lo están los sicarios, pues son necesarios para «hacer cumplir» las deudas y aplicar castigos. Parece plausible la idea de que ex miembros de las FARC que no pueden regresar a su país utilicen sus habilidades de combate para hacer dinero en un mercado en crecimiento.
Pero servir de sicarios no es el único «trabajo» para el que son utilizados los miembros de las FARC que viven en Bolivia, veamos.
El 13 de noviembre del 2019, luego del fraude y la renuncia de Evo Morales, policías bolivianos identificaron a Facundo Molares Schoenfeld, un ciudadano argentino e integrante de las FARC que respondía al alias de Camilo, entre los matones que generaban violencia en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. En conclusión, hoy el ciudadano boliviano no tiene economía, tampoco seguridad, ni hablar de justicia. El golpe de Estado del año 2003 le entregó la nación a una red de crimen transnacional. Es urgente recuperar Bolivia para los bolivianos.
