Asistencialismo y subsidios: Una trampa de alta rentabilidad política

Conceptualización.

“El asistencialismo público es la acción o conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones estatales con la finalidad de prestar socorro, favor o ayuda a individuos o grupos de individuos en condiciones de desprotección o de vulnerabilidad, de manera temporal o permanente. Tiene su origen en la caridad pública, se basa en el principio de la benevolencia, es decir en la compasión y la lástima, y se traduce en la limosna o el auxilio que se presta a los necesitados, a manera de una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno” (Mario Fuentes de Estarac).

Asistencialismo es lo opuesto a empoderamiento. Un concepto asociado a la acción de generar poder y capacidad de transformación del entorno en los sujetos destinatarios de las ayudas públicas y privadas. Una de las características principales del asistencialismo es el hecho de limitarse a dar una respuesta inmediata a necesidades básicas de la población, sin que la acción implique efectos transformadores de las condiciones estructurales generadoras de dichas necesidades. De ahí que se le considere un paliativo a las situaciones de pobreza y una estrategia que contribuye a perpetuar las condiciones de marginación y exclusión, al relativizar y frenar los conflictos sociales preservando los privilegios de unos pocos.

Es necesario, por tanto, distinguir el asistencialismo de la asistencia digna, como plantea: “El primero originado en la caridad pública, tiende a considerar a quienes se les ofrece apoyo como beneficiarios y dependientes; la segunda los considera como personas y ciudadanos con igualdad de derechos y dignidad, no genera dependencia, ni coloca a quien lo recibe en posición inferior o de desventaja social, sino como sujeto de derechos”. [1]

El asistencialismo en contexto.

El asistencialismo ha sido y es un problema que amenaza a Latinoamérica, y que ha conducido sistemáticamente a varios de sus países a la decadencia. Creo que no necesito nombrarlos. Han sido una trampa, un instrumento de manipulación con altísima rentabilidad política. Sobre todo, electoral.

Informes de la comisión Latinoamericana y del Caribe para el Desarrollo Social, revelan que el 50% de los ingresos de los pobres de la región proviene de los supuestos programas asistencialistas. Bajo esta óptica reducir estos programas significaría la reducción de sus posibilidades de supervivencia. El reto es entonces doble, pues hay que apoyar de inmediato a quienes lo necesitan pero al mismo tiempo hay que hacerlo a través de programas que capaciten, califiquen, conviertan en “empleables”. [2]

El gran desafío es entonces, cómo generar nuevos diseños de política social que atiendan las urgencias y al mismo tiempo inicien el camino de la superación a través de la formación y la capacitación para generar ingresos propios.

Los efectos de todo programa social, de toda política pública de asistencia social, deben analizarse rigurosamente, no emocional ni políticamente. Deben analizarse los impactos que generan las políticas públicas en sus receptores, y abordar la manera en que estos impactos se relacionan con la dependencia de los beneficiarios hacia el programa o la capacidad de autogestión que logre en los mismos. Se deben analizar los impactos que los programas o políticas sociales tienen en sus beneficiarios desde el punto de vista de los hábitos, las prácticas y los aprendizajes que quedan para sus vidas.

Cualquier beneficio gubernamental que se le dé a un sector de la población, proviene de otro. El Gobierno solo intermedia entre contribuyentes y destinatarios del gasto. Cuando un gobierno asigna un beneficio a un sector de la población lo debe recaudar de otro, premisa que debería conllevar un cuidadoso análisis acerca del impacto en el sector desincentivado con el recaudo, versus el beneficio logrado.

En este plano, las funciones del Estado son absolutamente necesarias, como instancia rectora y organizadora de los intereses de los ciudadanos y como garante del cumplimiento de los derechos de los mismos. Los seres humanos necesitamos de una capacidad colectiva allí donde individualmente no podemos; por ejemplo en las catástrofes naturales o las enfermedades masivas, momentos en donde cualquier tipo de intervención es bienvenida y necesaria para la subsistencia.

Ahora bien, dentro de una gran cantidad de posibilidades ¿Por qué se hace política social a través de subsidios? Para el profesor Berry (2002) se trata de instrumentos para “corregir errores del mercado”. En este sentido el mercado es medianamente intervenido por determinaciones Estatales a través de subsidios, con el fin de favorecer uno u otro proceso económico o también para desincentivar prácticas económicas identificadas como nocivas. Así pues, el asunto de los subsidios debe mirarse detalladamente y analizarse en función de las siguientes preguntas: 1. ¿Por qué se necesita o bajo qué condiciones se necesita? 2. ¿A quiénes se debe entregar? 3. ¿Qué tan grande debe ser y hasta qué cantidad para cada consumidor? 4. ¿Cuánto tiempo debe durar? 5. ¿Cómo se debe proveer? A partir de estas preguntas se establece que el sistema ideal de subsidios es el que: a) identifica los beneficiarios apropiados y les hace llegar un bien o servicio al precio y cantidad correcta, b) logra que esto suceda sin que otros se aprovechen del mismo beneficio y c) lo hace con los menores costos de administración. Es decir que los procesos de Focalización de beneficiarios y la supervisión efectiva de los programas constituyen verdaderas garantías para que el sistema de subsidios funcione correctamente.[3]

Amartya Sen (2000) hace una vinculación entre Desarrollo y Libertad, si analizamos la situación de los beneficiarios de los programas de asistencia, donde lo que se genera es una dependencia respecto de la intervención estatal, llegaremos a la conclusión de que estos programas no conducen al desarrollo en tanto no promueven la libertad de sus beneficiarios sino la dependencia de los mismos respecto del programa. Por ello, el diseño institucional correcto para las políticas sociales, es fundamental, de manera que los beneficiarios puedan agenciar su propio bienestar, tras haber sido participantes de la política y no perviva en ellos la necesidad de una intervención externa para sobrevivir.[4]

El desarrollo ético como premisa.

Es importante superar la visión estrecha y esencialmente económica en lo que tiene que ver con los subsidios, la asistencia y examinar más allá de los impactos y beneficios aparentes, las formas y construcciones de sociedad que se configuran a partir de estas prácticas. Es el punto de vista ético del desarrollo.

Enrique Iglesias, antiguo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, menciona la importancia de incorporar dimensiones éticas al desarrollo para salir de una visión economicista unidimensional que interprete la pobreza simplemente en términos de carencias. De ahí que proponga poner en la palestra conceptos como el de Capital Social, Confianza, Capacidad de Asociatividad y Conciencia Cívica. El modelo propuesto es el que trata de preservar el progreso tecnológico, la competitividad y a su vez la salud, la educación y las oportunidades. [5]

Valores ciudadanos.

Es importante realizar un especial énfasis en la formación de valores ciudadanos que ocurre de manera significativa en todos los ámbitos vivenciales, no sólo públicos sino también privados. En este sentido la familia, el entorno laboral o productivo, los espacios culturales y en general todos los ámbitos de la vida, forman parte permanentemente a la persona como un miembro activo de la sociedad, teniendo como pilares la autonomía, la solidaridad y el respeto. Mejores ciudadanos, harán más sencilla la construcción de redes sociales que respondan satisfactoriamente a las necesidades, sin recurrir a la asistencia, sino todo lo contrario, dignificará a la persona, obtendrá reconocimiento social y la incluirá dentro del sistema de una manera gratificante.

Promoción de la persona.

Para gobiernos con planes serios de desarrollo, la promoción de la persona humana es el camino para liberarse de la pobreza y las desigualdades, mientras que la asistencia es la vía segura hacia la dependencia.

En tanto, los servicios públicos de salud, la educación de calidad y la inversión que crea el empleo, son el único camino para impulsar una promoción humana social de las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.

El esfuerzo y el trabajo.

El asistencialismo perpetúa la dependencia mental y atrofia la capacidad de los asistidos para convertirse en ciudadanos responsables de su futuro. La solución pasa por limitar el asistencialismo a programas de emergencia que acoten sus incentivos perversos y orientar la política social a “enseñar a pescar, en lugar de regalar pescado”.

Las ayudas estatales sirven para afrontar una coyuntura, pero la verdadera eliminación de la pobreza se logra a través de puestos de trabajo formales generados por un sector privado fortalecido o por medio de la inversión en infraestructura pública. La meta, en otras palabras, ha de ser que los ingresos que les permitan a los hogares tener buenas condiciones de vida provengan de una remuneración a su capacidad laboral y no de un cheque girado indefinidamente por un funcionario del Gobierno.

El excesivo asistencialismo además es perverso, pues destruye la cultura del esfuerzo y la responsabilidad personal.

Subsidios justificados.

Si queremos subsidiar, subsidiemos la capacitación laboral y el empleo, pero no el desempleo. Las políticas asistenciales permanentes se justifican solamente en aquellas poblaciones vulnerables (ancianos y niños) y siempre que no tengan una familia en condiciones de darles una asistencia mínima. En el caso de los niños tiene que ser además un instrumento que asegure la asistencia y el esfuerzo escolar.

En lugar de repartir dinero, los programas sociales deben orientarse a mejorar la asistencia del hospital público, proveer el agua potable, la electricidad, crear y mejorar los comedores escolares y comunitarios, proveer albergues transitorios a los desamparados, mejorar la calidad educativa de las escuelas más pobres y proveer a la recapacitación laboral. Estos programas no enfrentan el problema administrativo de seleccionar los beneficiarios, ya que si las prestaciones son mínimas y se proveen en las localizaciones adecuadas, quienes recurran a ellos serán sólo quienes más lo necesitan.

Creo en el Estado protector, creo que más allá de tener una economía próspera, tiene que existir una cobertura universal de salud, una asignación a la niñez o a la vejez. Pero todo lo demás tiene que ser temporal porque se tiene que trabajar en el circuito virtuoso del mercado laboral y el sistema previsional.

Los gobiernos y la dirigencia política.

Seguimos manteniendo dirigentes personalistas, sin conciencia patriótica, que adoptan políticas sociales desastrosas, una flagrante corrupción de ministros y empleados públicos, una violación constante de derechos y libertades de los ciudadanos, y niveles altísimos de ineficacia y capacidad burocrática. A lo que hoy se ha sumado una inseguridad apremiante. Y éste escenario debe cambiar.

¿Cuáles son las inversiones necesarias hoy para evitar tener que indemnizar en el mañana?

Permitir que todos adquieran las competencias necesarias, para el nuevo modelo de economía, basado en el conocimiento. Ese constituye el verdadero reto para el Estado. Se trata de preparar en vez de reparar, de prevenir, ayudar, brindar las herramientas a los individuos, no dejando que el mercado funcione a su libre albedrio, para luego indemnizar a los perdedores. Para ello, hay que invertir en el orden de los problemas, redefinir el sentido de la solidaridad social. Para ello Gosta Esping-Andersen (2006), propone pensar en otra forma los gastos sociales, es decir, ya no como un costo, que supone un obstáculo al crecimiento económico, sino como una inversión que acompaña y apoya la transición hacia la economía del conocimiento.[6]

El Estado paraguayo no debe convertirse, como ha sucedido en otros países del continente, en el principal distribuidor de poder de compra de los ciudadanos, pero sí, de las oportunidades.

El asistencialismo es un atajo para lo inmediato, que genera rentabilidad política y no resuelve problemas a largo plazo. Paraguay no necesita atajos provisorios, necesita calles principales por donde transitar hacia el desarrollo.

Un estado asistencialista fracasa y lo único que termina generando es más pobreza y desigualdad.

No hay un escenario mejor que aquel en donde cada quien pueda conseguir lo suyo.

Bibliografía