«El presidente Fernando Lugo ha incurrido en mal desempeño de sus funciones en razón de haber ejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad política a toda la República, generando así la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde la Independencia Nacional hasta fecha, en tiempos de paz», señalaba entonces la conclusión del libelo acusatorio utilizado para destituir a Fernando Lugo, sindicándolo como cómplice de acción y omisión de estos hechos.
Entre los argumentos más fuertes de la acusación, se recordó un acto político que se realizó en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas donde se izaron banderas del Che Guevara y se instó, a través de discursos de Camilo Soares, entonces ministro de Emergencia Nacional, a la lucha de clases.
Con la admisión de la demanda presentada por el ex presidente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este tema volvió para instalarse en los titulares y en ese sentido entrevistamos a Óscar Tuma, uno de los fiscales de ese juicio político.
En otros medios de comunicación manifestaste que el Estado Paraguayo no debiera preocuparse por la demanda del ex presidente Lugo ante la CIDH ¿Por qué?
Porque la defensa del ex Presidente solo habla de supuestas violaciones al debido proceso, lo cual no es verdad, y nunca se refirieron en 10 años a los hechos esgrimidos en la acusación que dieron origen al proceso de juicio político. En casi 10 años nunca escuche a nadie contrarrestar los puntos de la acusación.
El debido proceso se respetó, al igual que el procedimiento a seguir que establece la Constitución Nacional para estos casos.
¿Existió en ese juicio alguna grieta, alguna hendija por la que el ex presidente pudiera asegurar que no se respetó su derecho?
Absolutamente nada, todo se hizo conforme al marco legal, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.
¿Cuál es la diferencia entre un juicio ordinario y un juicio político? ¿Por qué los plazos son tan cortos?
Los juicios ordinarios tienen otros plazos a los juicios penales, a los laborales, a los de la niñez etc. Y esto es así porque los plazos se establecen de acuerdo al procedimiento a seguir, y están contemplados en los códigos de forma, en el juicio político el procedimiento lo establece nuestra Constitución Nacional.
Pretender que los plazos en un juicio político sean iguales a los plazos en un juicio ordinario es un absurdo, lo que se debe de velar es por el respeto al debido proceso, y esto significa que el acusado debe ser juzgado por un tribunal, que debe tener conocimiento de lo que se lo acusa, que debe poder presentar su descargo, que debe poder diligenciar sus pruebas, y que pueda alegar, y por último que exista una sentencia. Todo esto se respetó en un plazo que estableció el Senado, tal cual estable la Constitución.
¿Considerás que Lugo o su gente, habrían utilizado el tiempo para desestabilizar al país si los plazos hubieran sido más largos?
Totalmente, ellos necesitaban el tiempo para que los presidentes de la región, sobre todo Chávez puedan llegar al país, y con esto dejar que ellos se inmiscuyan en asuntos internos como lo hizo Maduro y de esa forma impedir el juicio. También estaba en sus planes generar alzamientos populares y con esto generar enfrentamiento. Además, debían de contar con el tiempo para poder rever algunas decisiones con dinero, como se habló mucho en esos días.
Solo para esto deseaban más tiempo, no para presentar algún tipo de defensa, te imaginas que si no lo hicieron en 10 años. Hasta ahora no conozco la defensa de Lugo en los casos acusados.
En su momento solo 5 legisladores votaron en contra de la postura de destituir a Fernando Lugo (1 diputado y 4 senadores), aun así su Abogado, Adolfo Ferreiro, argumentó que no existían causales para la destitución, ¿Cómo se establecen los causales para un juicio con estas características?
La Constitución prevé para bien o para mal solo 2 circunstancias, unos delitos cometidos en el cargo y segundo mal desempeño en el cargo, que fue por la causa por lo que se lo acusó. El mal desempeño pasa por la pérdida de confianza de la clase política y de la ciudadanía en torno a su gestión, y eso ocurrió.
Los hechos de los cuales se acusó fueron:
- Haber autorizado el uso de las dependencias del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación en el año 2009, para un acto considerado político partidario, durante el llamado Campamento Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio.
- Ser el único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona de Ñacundaí (departamento de Alto Paraná), utilizando a las fuerzas militares para generar un estado de pánico en la región.
- Haber sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana.
- Apoyar el protocolo regional sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur (conocido como Ushuaia II), el cual sería una violación a la soberanía. Significativamente, el pacto firmado indicaba que se excluiría del Mercosur a cualquier país miembro donde hubiera algún tipo de golpe de Estado. Los diputados acusadores esgrimieron que «a través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay».
- Falta de reacción frente a la muerte de 11 campesinos y 6 policías en el enfrentamiento de Curuguaty.
- Gobernar de manera «impropia, negligente e irresponsable», generando «la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas».
Entre los puntos que utilizó la Cámara de Diputados para la acusación a Lugo, uno hablaba de ser “facilitador de la ocupación de tierras en Ñacunday”, casi una década después seguimos discutiendo los mismos temas con la izquierda vernácula, ¿Crees que no hemos aprendido nada en este tiempo?
En la era Lugo era un carnaval todo lo referente a las violaciones a la propiedad privada, y esto era con la venia de Lugo, y Ñacunday fue el detonante, y Lugo es el único responsable de lo ocurrido.
Estos hechos son categóricos, por lo tanto decir que no existió causal es un error.
Fernando Lugo la sacó barata, él debía ser procesado por los hechos que motivaron su destitución y estoy tentado a realizar la denuncia penal, ya que hay tipos penales que no prescribieron aun.
