El 08 de noviembre del 2021, cuando se cumplía un año del gobierno de Arce Catacora, el presidente presumía que en su gestión el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 9,36%.
Paradójicamente, a los pocos días de esa «buena» noticia, empezaron una serie de protestas contra las denominadas leyes malditas. Aunque en un principio no fueron pocos quienes dudaban del éxito de las movilizaciones, en especial por la fuerte represión policial, el gobierno ―como ya había sucedido en octubre― volvió a ser derrotado.
Al momento de anunciar la abrogación de la ley, dirigentes sindicales afines al MAS lanzaron amenazas, y se vio a un presidente totalmente rendido y sin capacidad de gobernar.
Si bien, la anulación de las leyes son motivos de alegría, los problemas estructurales de la economía boliviana son bastante serios. Veamos.
En materia de hidrocarburos el propio gobierno admitió dos cosas: Primero, que existe una declinación de la producción de gas y líquidos en los principales campos gasíferos. Por ejemplo, Industrias Agrícolas de Bermejo Sociedad Anónima (Iabsa) no terminó de destilar 3 millones de litros de alcohol por falta de gas natural, con una pérdida económica estimada en 2,5 millones de dólares. Y Segundo, que la Ley de Hidrocarburos 3058 cumplió su ciclo, y que se deben realizar ajustes al sector para generar mayor inversión. Al respecto, las palabras de Franklin Molina, ministro de hidrocarburos, fueron las siguientes:
- Debemos ser autocríticos en sentido que hace algunos años estamos en una situación de una declinación de la producción, aproximadamente, desde 2015 a la fecha, y que definitivamente ha impactado los volúmenes, esta situación se acentuó el año pasado porque se frenaron proyectos importantes y se paralizó la inversión.
El fracaso en materia energética del gobierno boliviano, como en muchos otros casos, nos muestra que la realidad acaba siendo el peor enemigo de los experimentos socialistas.
Asimismo, en los 12 años que Arce Catacora estuvo a cargo del ministerio de economía ―según un reporte elaborado por la Fundación Jubileo con datos del Banco Central de Bolivia― la deuda externa de Bolivia se quintuplicó al pasar de 2.208 millones de dólares, en 2007, a 11.268 millones de dólares en 2019. Con el agravante que esa deuda se contrajo para financiar el Modelo Económico Comunitario, Social y Productivo, que es sólo un nombre rimbombante para el gasto irracional, por ejemplo, campos de futbol en medio de la selva chapareña.
El derroche fue tan grande, que el propio presidente Arce Catacora se vio en la necesidad de pedir una condonación a las deudas que adquirió su ministro Arce Catacora. Por paradojas de la vida, es posible que la consiga. Ya que desde instituciones como el FMI se habla de ampliar programas de alivio de la deuda, actualmente el programa favorece a 25 países, la mayoría del África.
El déficit fiscal siguió subiendo. En 2016 (7,24%), 2017 (7,82%), 2018 (8,14%), 2019 (7,22%), 2020 (12,73%) y 2021 (9,7%). En el 2022 la situación no será diferente. Pues el ministro de economía, Marcelo Montenegro, proyecta un crecimiento del gasto estatal de 4.011 a 5.015 millones de dólares, cuando lo que se necesita, y de manera urgente, es un recorte de este. Empero, la parte más preocupante de la Ley del PGE 2022 radica en la insistencia del gobierno de industrializar el país mediante la sustitución de importaciones.
La sustitución de importaciones es una de las peores políticas que puede sufrir una nación. Ya que, por un lado, le quita la libertad de elegir a los consumidores y, por el otro, desemboca en la creación de elefantes blancos ineficientes y deficitarios ―algo que Bolivia ya experimentó en las décadas de los 50, 60, 70 y 80s―.
El Banco Mundial, mediante el estudio Paying Taxes 2019, ubicó al Estado plurinacional de Bolivia entre los peores países en cuanto a facilidad de pagar impuestos, ocupando el puesto 186 de 189. En el documento se expone que un contribuyente destina 1.025 horas anuales de servidumbre al fisco para cumplir con sus obligaciones, casi 43 días sólo para ocuparse de los impuestos. Además, que para pagarlos existen 42 procedimientos, teniendo una carga impositiva de 83,7%. A pesar de estos datos, el gobierno ―con apoyo de la «oposición», y bajo el pretexto de usar lo recaudado en la pandemia del COVID19― el año 2020 aprobó el Impuesto a las Grandes Fortunas. Como era de esperarse, muchos capitales bolivianos buscaron refugio fuera de nuestras fronteras.
La cuarentena masiva y forzada fue una pésima medida para encarar el problema de la pandemia. Puesto que, al parar el total de la oferta, nadie estaba produciendo, y, al mismo tiempo, estimular la demanda mediante bonos para sostener el consumo, se estaban creando las condiciones para un escenario de estanflación (débil recuperación de la economía real e incremento simultáneo de la inflación). Una situación que, para ser superada, requiere fuertes medidas de shock (flexibilidad laboral y recorte del gasto público) que el gobierno boliviano no piensa implementar. Porque significaría terminar con su Modelo Económico Comunitario, Social y Productivo ―algo muy deseable, además―.
Con todo lo analizado, resulta obvio que el «milagro» económico boliviano no era más que una simple mentira con las patas cortas, muy cortas.
