Bolivia parece encaminarse a una relativa calma luego de nueve días de paro y de protestas. El saldo superó los 60 heridos, más de 125 detenidos y un muerto. El presidente Luis Arce sacó a la policía y grupos afines al oficialismo a las calles apenas comenzaron los reclamos para bloquear el paso de manifestantes y hacerlos retroceder. La polémica Ley 1386 finalmente fue abrogada en la Cámara de Senadores, aún así la decisión no marcó un punto final. Ahora es cuando la población comienza a exigir cambios al gobierno masista, que paralelamente se empeña en consolidar un totalitarismo en Bolivia.
Quedan temas pendientes. Por ejemplo, la restitución de los dos tercios del voto legislativo eliminado el año pasado. Además de un paquete de leyes que generan preocupación por ser parte de un «Estado policíaco», según acusaciones de la oposición. Los ciudadanos bolivianos se ven en el reflejo de Nicaragua y Venezuela. Un futuro que quieren evitar.
Las grandes interrogantes son: ¿Bolivia en efecto puede sumirse en un régimen absolutista? ¿A qué debilidades se enfrenta Luis Arce, pupilo de Evo Morales, ante las crecientes manifestaciones? Luisa Cortez, analista político afirmó en entrevista con PanAm Post que dicho gobierno quiere ser uniforme al no permitir que la ciudadanía se aglutine para hacer demandas lícitas «y eso es muy peligroso para la democracia que todavía está sobreviviendo en Bolivia».
Al mismo tiempo que culminó la lucha contra la Ley 1386, iniciaron los reclamos contra la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) salió a las calles por considerar que atenta contra la autonomía universitaria. Por su parte, gobiernos subnacionales recurrirán al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El descontento es aún mayor si se toma en cuenta otro paquete de leyes. Este incluye la Ley de Emergencia Sanitaria, Ley de Carrera de Generales y Ascensos de la Policía Boliviana, Ley de Estadísticas Oficiales del Estado, Ley de Registro de Comercio y Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, indicó Actualidad RT.
La senadora Centa Rek, de Creemos asomó recientemente lo que se avecina para Bolivia en caso de no restituir los dos tercios en ambas Cámaras que le permitía a la oposición frenar leyes. Caso contrario, estas «volverán con otro embalaje y van a ser aprobadas por la aplanadora masista. El presidente está en un serio intento de hacer de Bolivia la próxima Cuba, Venezuela y Nicaragua».
El punto débil de Arce
En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra las calles están recuperando la normalidad. El tránsito fluye y los comercios abrieron, asegura El Deber. Potosí también reactivará el comercio aunque mantendrá el estado de emergencia ante algunas acciones del Gobierno. En Sucre y Cochabamba replicaron la decisión.
Por lo tanto, no todo será calma para Arce y su partido Movimiento Al Socialismo (MAS). La oposición dejó de tener voz y voto en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y eso hará que los ciudadanos y organizaciones sigan en las calles. «Esto será un inicio para que el gobierno de Luis Arce Catacora se vuelva inestable o se agudice su inestabilidad», asegura Luis Cortez a PanAm Post.
Adicionalmente, otros analistas han citado la creación de un escenario de estanflación que será difícil de sobrellevar, especialmente si no se producen cambios en el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). A este tema le acompaña la existencia de grupos armados en la provincia de Guarayos del departamento de Santa Cruz y el aumento de presos políticos.
De allí que la analista haga énfasis en la transición de un modelo autoritario al totalitarismo en Bolivia. «Teníamos un régimen autoritario con Evo Morales que nos había quitado varios derechos como ciudadanos, incluso desconoció el referéndum tras el 21F. Esta figura se agudiza con Luis Arce y su gobierno, que busca ser totalitarista».
¿Cómo frenar al masismo?
Aún quedan vigentes mecanismos para evitar una tragedia política en Bolivia. Hace pocos días renunció a su cargo la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Rosario Baptista. En una carta pública dirigida al vicepresidente del país, David Choquehuanca, denunció que el órgano “está secuestrado”.
En este sentido, aseguró que “más allá de los resultados de las elecciones de 2019, en el proceso electoral de 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos». Sobre esto, Luisa Cortez aseveró que el padrón electoral debe fiscalizarse. Asimismo instó a la independencia del Poder Judicial, actualmente controlado por el oficialismo.
Por otro lado, reiteró la importancia de la participación activa de la ciudadanía. «Lamentablemente ahora los opositores no tenemos voz en el parlamento. Entonces ¿Dónde vamos a demostrar fuerza? En las calles». La experta asegura que los gremios, comités cívicos y el resto de bolivianos deberán fungir como artífices para poner un alto al totalitarismo en Bolivia.
