Merrick Garland publicó un memorándum con órdenes para el Departamento de Justicia y el FBI para tratar como “terroristas” a los padres que en reuniones escolares critiquen los cursos obligatorios de la Teoría Crítica de la Raza.
Estados Unidos sufre una crisis de identidad. Una fuerte grieta se cierne sobre una mitad del país que quiere mantener las costumbres americanas, la filosofía conservadora y el respeto por la libertad, mientras la otra quiere acelerar a toda velocidad a un reformismo progresista que cancele el pasado, y ponga la igualdad por sobre la libertad.
En este sentido, el gobierno de Joe Biden ha impulsado nuevamente la Teoría Crítica de la Raza (CRT, por sus siglas en inglés), que son una serie de cursos de ideología marxista y supremacista negra que se imparte por decreto a todos los empleados públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y en escuelas.
El pasado lunes 4 de octubre, el fiscal general Merrick Garland emitió en un memorándum una serie de directivas para el Departamento de Justicia y el FBI para silenciar a aquellos padres de niños en edad escolar que expresen su rechazo a los cursos de CRT, bajo la supuesta intención de “disminuir las actitudes hostiles que recibe el personal escolar” por enseñar estos temas.
Según se explica en el documento gubernamental, se encomienda al FBI a tratar a los padres que critiquen publicamente a la Teoría Crítica de la Raza (en reuniones de padres o en redes sociales) como “terroristas” y “amenazas para la Seguridad Nacional“.
Lo que constituye un abuso del poder por parte de Garland mediante el uso de un organismo federal para disminuir voces críticas, no posee tampoco un sustento legal, ya que dichas “actitudes ante el personal escolar” no se encuentran reflejadas en ninguna parte del estatuto escolar, y solo aparecen mencionadas en una carta enviada a Joe Biden por parte de la Asociación Nacional de Consejos Escolares, una organización de izquierda que representa a consejos escolares a lo largo del país pero que no tiene un estatus oficial.
Ante el atropello a la libertad de expresión llevada a cabo por Garland, grupos legales conservadores, encabezados por Stephen Miller, ex asesor de Trump en la Casa Blanca, solicitaron a la oficina del inspector general del Departamento de Justicia que investigue las circunstancias en las que el fiscal general elaboró y publicó este memorandum, en busca de un abuso de poder por parte del funcionario de Biden.
A su vez, en medio de esta situación que intenta limitar los derechos otorgados por la Primera Enmienda, se encuentra un conflicto de intereses en el cual Merrick Garland se encuentra involucrado, ya que su yerno, el esposo de su hija Rebecca, es el fundador de Panorama Education, una empresa de desarrollo educacional que cobra por entrenar maestras para dar estos cursos obligatorios de la Teoría Crítica de la Raza a lo largo de los Estados Unidos.
Dicha participación de la familia de Garland en la promoción de la CRT está relacionada con el beneficio que podría generar a partir de las medidas emitidas en las últimas semanas por el fiscal general que contempla la creación de de un ente centralizado por parte del FBI para reportar las “amenazas” por parte de los padres que protesten.
Un caso en el cual a Panorama Education se la ha vinculado a los entrelazados corporativos con la Teoría Racial Crítica, fue un contrato por una suma de 1,8 millones de dólares con las escuelas públicas del condado de Fairfax en Virginia, en el cual la compañía recolectaba información perteneciente a los estudiantes mediante encuestas en las que incluían los terminos “genero fluído” y “nivel de equidad” en el desarrollo profesional con el supuesto objetivo de conocer mejor el pensamiento que poseen los alumnos.
De acuerdo a un oficial perteneciente a una escuela pública del condado de Fairfax, por orden del Departamento de Justicia de Biden, a los empleados de Panorama se les otorgaba el rango de “oficiales escolares” a pesar de no tener el entrenamiento integral para serlo.
Los republicanos trumpistas han estallado contra este avasallamiento de los derechos de libertad de expresión y tutelaje sobre los hijos. El diputado Ken Buck, del Estado de Colorado, presentó una moción para que se le haga un juicio político a Garland, la cual fue respaldada por el senador Rand Paul.
