Esta semana se puso a consideración del Parlamento el Proyecto de Ley “DE LOS SERVICIOS DE CONFIANZA PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, EL DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS.”
La falta de conocimiento e información sobre el proyecto, la ignorancia del ciudadano común, la desinformación de los medios y periodistas, la falsedad y distorsión en la información, la falta de claridad de los parlamentarios y las opiniones distantes sobre mismos puntos, dieron lugar a un temor y un caos generalizado, seguido de las habituales quejas y conclusiones anticipadas de los usuarios habitué de las redes sociales.
El detonante: un tweet lanzado por una Senadora absolutamente irresponsable y seguidamente también por un sinfín de “periodistas” y medios que aludieron al tema bajo el hashtag #ChauGiros.
No es nuevo. Nos hemos acostumbrado a ir de discusión en discusión y cuando parece que la cosa se calma, de alguna manera nos arreglamos para tener siempre un tema del momento. Lo grave es que automáticamente el tema anterior no queda ni en el recuerdo hasta que alguien lo ponga a flote de nuevo y allá vamos.
Trataremos de dar un poco de luz al asunto y que juzgue el lector lo que le parezca, pero con elementos objetivos y con un panorama suficiente que le permita sacar alguna conclusión no tan livianita y fuera de lugar. A ver si de esa forma empezamos hablar de lo que hay que hablar con un poquito de propiedad y tal vez eso nos conduzca hacia otro camino que no necesita mucho para ser mejor que el actual.
Para que tengan una idea, el proyecto de Ley tiene 106 artículos y recién en el 103 hace referencia a los famosos “giros o transferencias de dinero” en cuestión. Básicamente, el proyecto busca establecer un marco jurídico en torno a la identidad, firmas, documentos, expedientes y transacciones electrónicas.
Después de leerlo detenidamente, parecería que el espíritu del proyecto es encontrar mecanismos seguros de identificación (identidad digital), autenticaciones, autorizaciones y validaciones electrónicas que otorguen confianza al sistema y al usuario, evitando fraudes y estafas, pero también ampliando la utilización de la modalidad electrónica de desenvolvernos.
Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con los giros o transferencias de dinero a través de teléfonos celulares? En la práctica, tiene que ver directamente con la incidencia que tendría el proceso de identificación electrónica en el acto de girar o transferir dinero. ¿lo enlentecería? ¿lo encarecería? ¿o lo volvería más seguro pero más más caro o más seguro sin variar su costo? Por ahora tenemos más dudas que certezas y lógicamente, nos sobran razones, antecedentes y experiencia para suponer que el perjudicado será el usuario. Pues los invito a no poner los bueyes delante de la carreta y pensar más allá, estar atentos y ver cómo sigue.
No está muy claro aún y hay muchas cuestiones por definir pero lo que sí está claro es que hay un mercado que de incipiente pasó a interesante y de interesante a muy atractivo (lo veremos enseguida) para varios actores, y el ente regulador se ve en la obligación de imponer cierta autoridad. Y está bien, pero hay que tener un plan gradual y hacerlo coherentemente.
En el país, se estima que existen más de 2.500.000 usuarios de billeteras electrónicas con una frecuencia de uso recientemente en aumento y tanto crece el segmento que si contamos los canales utilizados, el alcance superaría los 3.500.000 usuarios, según indicó hace unos días un miembro de la junta directiva de la Cámara Paraguaya de Medios de Pago.
Las operadoras con licencia del Banco Central para ofrecer el servicio de billeteras electrónicas, hasta el momento son cinco, siendo la primera, Tigo desde el 2008, seguida por Personal, Claro, Zimple y Wally, siendo la operación más utilizada el GIRO. Por muchos años el segmento estuvo en manos de empresas de Telecomunicaciones y recién ahora han incursionado operadoras vinculadas al sector financiero-bancario y esto tiene su trascendencia.
Tiene su trascendencia porque Tigo Paraguay, hasta el momento -y en su Ley-, ha sido el pionero y durante muchos años ha logrado uno de los éxitos Fintech más importantes de América Latina y el Caribe: TIGO MONEY. Y aquí aparece la cuestión y lo que para mí es el tema de fondo: la famosa inclusión financiera. TIGO logró la deseada “inclusión financiera” que debió lograr el Estado, a través del BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY y demás entes. Y aún más importante: logró una inclusión social importantísima que perdura hasta hoy y que nadie más ha sabido replicar con semejante éxito, llegando a un sector no bancarizado y cubriendo casi la totalidad del mercado. Y por mucho tiempo.
Su interfase dual y su red de agentes fueron las principales innovaciones de Tigo Money Paraguay, y a partir de la adopción masiva del producto, se hizo posible desarrollar la red física de acceso a servicios financieros más grande del país, con el 56% de puntos de acceso totales y una cobertura del 98% de la población. Tigo Money le dio a elegir a los usuarios cómo preferían interactuar con el servicio, en efectivo a través de los mostradores de sus agentes, o a través de sus propios teléfonos con dinero electrónico. La respuesta del público por los mostradores fue abrumadora y esta posibilidad de elegir se transformó en una de las piezas claves para facilitar la adopción y el uso del servicio.
Han pasado los años, ha crecido el segmento, han surgido otros actores del rubro de las Telecomunicaciones y recientemente han incurrido también operadoras del sector financiero-bancario. Resulta claro que aquí comienza una batalla entre dos sectores que tienen intereses contrapuestos y visiones marcadamente diferentes para el tratamiento del tema. Ambos tienen razones en sus posiciones pero es el Estado y el Banco Central quienes deben encontrar una regulación coherente para que los sectores convivan en beneficio del usuario final.
La inclusión financiera debe ir de la mano de la inclusión social a través del uso de la tecnología y donde el dispositivo celular es el instrumento principal. Es un tema muy pero muy aleccionador. Los entes reguladores debieran ser mucho más observadores de los fenómenos tecnológicos para actuar a tiempo y no varios años después cuando un determinado negocio ya ha adquirido volúmenes siderales.
No es dinero electrónico versus banca tradicional, no es el mismo mercado. Hay un nuevo mercado, donde tanto las telefónicas como las entidades de intermediación financiera están obligadas a aliarse y a inter operar: las EMPES. El Banco Central del Paraguay legitimó el dinero electrónico y las transferencias electrónicas no bancarias, generando un nuevo mercado de transferencias y pagos electrónicos no bancarios, bajo la figura jurídica de las “EMPE”.
Ni las telefónicas, ni las entidades de intermediación financiera pueden ingresar al mercado directamente sino a través de las EMPEs, que son las autorizadas para operar en el rubro.
Se estima que es mercado cuyo volumen de dinero alcanzaría un par de miles de millones de dólares y está claro que el BCP debe incorporar nuevas obligaciones para los emisores de instrumentos electrónicos con el objetivo de proteger a los usuarios de eventuales fraudes. El sistema regulatorio además de seguro debe ser amigable.
En los países de bajos ingresos es simple: el dinero electrónico, el pago móvil, la billetera electrónica es la puerta de entrada a la bancarización. Por eso resulta tan importante.
El problema es que mezclamos agenda digital, identidad electrónica, ciberseguridad, etc. sin ningún tipo de criterio ni orden lógico y queremos abordar todo al mismo tiempo. Necesitamos un poco de calma y más criterio para ordenarnos de a poco.
Definamos conceptos y calendarios temáticos para abordar cada tema oportuna y eficientemente.
“Vísteme despacio que estoy apurado”, dijo Napoléon.
