lunes, 23 diciembre, 2024

Sin mencionarlos, EEUU señaló al Frente Guasu por aumentar y formalizar un esquema de sobornos

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En un extenso comunicado de prensa, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, comunicó la sanción a 3 ciudadanos paraguayos y a 5 entidades por sus roles en la corrupción en nuestro país.

Los ciudadanos mencionados son: Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldan González; mientras que las empresas señaladas por el gobierno norteamericano son: España Informática SA, Mobile Zone, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones SA, Apolo Informática SA y Mundo Informático Paraguay SA; todas bajo control de los ciudadanos sancionados. Estas empresas operaban una red para lavar activos que se extiende hasta Estados Unidos, América del Sur, Europa, Oriente Medio y China.

La directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki, aseguró que: «El Departamento del Tesoro seguirá utilizando nuestras autoridades para evitar que los actores ilícitos y sus empresas fachada abusen del sistema financiero internacional que perjudica a las personas de todo el mundo que siguen las reglas».

Un dato obviado por los medios de comunicación

Pero, dentro de todos los datos brindados en el informe, existe uno que no debe pasar desapercibido: “En 2008-09, el entonces Director General de Aduanas de Paraguay aumentó y formalizó un sistema de sobornos, según el cual los intermediarios tenían que pagar a los funcionarios de aduanas paraguayos, un sistema que aseguraba que se pagara a todos los funcionarios de aduanas”.

Carlos Vidal Ríos Silva, era Director de aduanas en el período mencionado por los Estados Unidos (2008-2009). Ríos Silva fue nombrado por el entonces presidente Fernando Lugo.

¿Qué es lo preocupante, si la corrupción en nuestro país está arraigada? Que los mismos que “aumentaron y formalizaron un sistema de sobornos”, el Frente Guasu, son quienes se presentan como adalides de la honestidad y transparencia y basan su accionar político en el constante ataque a los organismos judiciales y de investigación. Los mismos organismos que desentrañaron en 2019 con la “Operación llamada Telefónica” la red de lavado encabezada por Liz Paola Doldan y sus socios.

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