Una de las características principales de la mentalidad del paraguayo, es su escaso desarrollo en lo que a cultura cívica concierne y su tendencia a respaldar el autoritarismo o la imposición de un sector por sobre el otro, en base a la ley del mbarete; no buscando por lo general un consenso o una coordinación mínimamente funcionales, entre los diversos actores y las necesidades, grupos o realidades que representan, terminando en una polarización al estilo barras bravas de Olimpia-Cerro, donde lo importante es, por los medios que fueran, imponerse al otro y reclamar la absoluta autoridad; pero con la gran diferencia, de que, lo que se juega es el destino de todos los ciudadanos de un país.
Esto se volvió patente durante el inicio de la pandemia y se mantuvo constante durante la misma, pasando por alto cualquier normativa, sentido común o la propia Constitución Nacional; caso flagrante fue el de la justificación burda, dada tanto por los medios, la gente y el entonces Ministro del Interior, Euclides Acevedo, por el hecho de que, un agente policial, en control vial, disparó a quemarropa a una familia por estar circulando fuera de horario, horario limitado según simple decreto presidencial, dando como resultado que una de las balas alcanzase el cuerpo de una menor. Teniendo como único justificativo, simple y llanamente el respaldo del poder de facto, sin intención de dialogar, informando, sin hacer un mea culpa o una interpretación integral de la Constitución, no tomando en cuenta libertades ni garantías, como la garantía del libre tránsito, pero nuevamente se impuso el poder de facto, al estilo estado policial, el cual, en ocasiones, permite algunas críticas, pero jamás se conmueve de ellas, creando con esa “liberalidad” la apariencia de respetar la ley o la institucionalidad, pero, ignorando poderosamente las garantías que hacen efectivas esas palabras en la realidad, siendo principios más de nombre y de boca para afuera, que conceptos asimilados en la psique de población en general.
A la fecha, con la presentación de proyectos que promueven la creación de un apartheid sanitario, por la aplicación o no de la vacuna contra el COVID, se van flagelando y sacrificando tanto derechos y libertades esenciales del individuo, como a la república misma; con consecuencias tales como las limitaciones para ingresar a determinados lugares, obtener trabajo o incluso la posible permanencia en el mismo. Todo ello justificado en una mentalidad de rebaño y en un miedo alimentado constantemente desde el gobierno y los medios masivos de comunicación, para poder, a través de la desesperación (y en épocas de votación) tener un as bajo la manga para condicionar a la población más vulnerable y menos preparada. Esto va tanto para el oficialismo gobernante con el uso de su estructura, como para la oposición con el uso del descontento y las movilizaciones sociales para desestabilizar esa misma estructura, sin mencionar el financiamiento externo de que hacen gala.
Cabe recordar que con la misma excusa ya son varios los préstamos que el gobierno recibió para enfrentar está pandemia, aprobadas por el congreso donde se reúnen todas las fuerzas tanto de derecha como izquierda, progresistas y tradicionalistas, oficialistas y de oposición, pero incluso así, y habiendo presentado ya las mencionadas iniciativas que pretenden crear ciudadanos de primera y segunda categoría (según el deseo o no de vacunarse, o, muchas veces, según la posibilidad de hacerlo), tampoco está al alcance de todos la tan mentada vacuna, creando mercados paralelos para estas e incluso para la fuerza laboral discriminada, propiciando el subempleo, o la necesidad del turismo vacuna, mientras los créditos no dejan de pedirse y los insumos por enfermedades comunes siguen faltando.
Esta realidad es aún más visible en el interior del país, probablemente por el constante desplace e indiferencia a su sentir. Donde los poderes políticos centrales, como otrora imponían directamente a sus delegados de gobierno, recientemente “consensuan” a los candidatos, que son más del agrado de las cúpulas de los partidos a que pertenecen que del agrado de sus vecinos distritales o departamentales, con la consecuente dependencia hacia quien sea el mandamás de turno a quien le deban, en detrimento de sus zonas y ciudades; pero, perpetuando un sistema cuasi feudal, donde los señores están en capital y sus dependientes mandan a placer en sus dominios, siempre cuidando de mantener el clientelismo y el nepotismo en el que se basa esta dinámica, que se traduce en un desarrollo atrofiado y una política de supervivencia, que se aprovecha de la necesidad, que ellos mismos perpetúan.
Esto se ve en el direccionamiento de insumos, capital o talento humano, muchas veces por parte de instituciones del estado, a los elegidos del momento, generalmente durante el periodo electoral, pero no limitándose a éste, teniendo presente las ingentes desviaciones de fondos, como los del Fonacide o los Royalties; donde esos mismos poderes políticos centrales pasan a responsabilizar a una ciudadanía huérfana de cultura e instituciones cívicas que las defiendan de estos capataces del poder, transformándola de victima a culpable y acreedora de amenazas de mermas a su autonomía por supuesta incapacidad y negligencia, en una actividad que directa o indirectamente se le veda, como lo es el decidir sobre su destino en base a sus intereses y con lo que le corresponde del tesoro nacional, sin tener que recurrir a hermanos mayores, padrinos o madrinas que los dirijan.
Esta tendencia al autoritarismo se percibe claramente en el interior, primero, en la carencia absoluta de medios institucionales de control, como requerimientos vinculantes (la posibilidad ser llamados, los representantes electos, a cabidos abiertos o audiencias públicas, o acatar referéndums) y de sanción locales para con sus autoridades y así poder ser efectivos ciudadanos contralores de la cosa pública, teniendo, en cambio, que depender de la buena voluntad y de la conveniencia o no de inmiscuirse en los negociados o actividades ajenas, de parte de quienes se desconectan de sus respectivos mandantes/votantes, al acceder al nivel de hijos del cielo al asentarse en la ciudad capital. Segundo, en las eternas promesas de la cúpula de apoyar iniciativas que beneficien al interior, pero que nunca se dan, como desde el 2014 con el Gran Hospital del Sur. Tercero, en el cajoneo de proyectos como, en su momento, el desbloqueo de las listas sabanas, cuestión que fue revertida, o la continuidad de la aplicación de la descentralización sanitaria, que tan buenos resultados dio, pero que implicaba una pérdida de poder tremenda, al privar a la elite política de los mecanismo para subyugar a los comunes; una elite que promueve la fuga de dinero, en concepto de tributos e inversión, del interior a un supuesto nivel nacional, que no pasa de calle ultima, y un centralismo tanto público como privado, que priva de desarrollo al interior e impulsa la emigración y desarraigo para crear cinturones de pobreza alrededor del centro económico y político que es Asunción.
