Una denuncia de Conmebol, en el marco de la causa FIFA-Gate, generó un revuelo político en Paraguay: la propia Justicia de ese país allanó el Banco Central por no brindar información crucial sobre “maniobras sospechadas de constituir lavado de dinero”.
La presentación, radicada por el presidente de la Confederación Sudamericana, Alejandro Domínguez, representa una medida judicial que tiene como objetivo poder recuperar parte del dinero que perdió la institución por defraudación y malversación de fondos de varios de sus funcionarios.
En cuanto a la causa actual en Paraguay, que también tiene en el ojo de la tormenta a la Superintendencia de Bancos, lo que investigan son presuntas maniobras realizadas por el Banco Atlas, del Grupo Zucollilo, mediante fideicomisos instituidos por el fallecido Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol. El ex dirigente deportivo falleció con prisión domiciliaria y pedido de extradición de los Estados Unidos a partir del escándalo del FIFA-Gate, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana.
La Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público de Paraguay fue la que impulsó y realizó el allanamiento a las oficinas de la Superintendencia en la sede del Banco Central. En diez días, comenzará la inspección in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), creado para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La revisión se encontrará con un Banco Central sospechado de estar “encubriendo las señaladas maniobras sospechadas de fraudulentas”.
La posible consecuencia es que Paraguay sea considerado “país no cooperante para la prevención de lavado de dinero”, lo que lo marginaría de todos los círculos formales de las finanzas mundiales.
Los dos fideicomisos de Leoz investigados son por U$S 6 millones, monto que, según las denuncias realizadas por las nuevas autoridades de Conmebol, serían parte de un faltante de U$S 200 millones que nunca pudieron ser encontrados cuando asumió Alejandro Domínguez.
El período en el que esa suma “desapareció” fue entre 2013 y 2015. Los niveles de corrupción se evidencian cuando se conoce que todos los movimientos financieros y económicos de la Conmebol anteriores a 2013 “fueron borrados”. A la fecha, el ente rector del fútbol sudamericano recuperó U$S 53 millones de ese dinero perdido.
La situación del origen espurio de los dos fideicomisos quedó a la vista cuando las hijas de Leoz, herederas de dichos fideicomisos, devolvieron por motus propio, y para tratar de frenar el escándalo, U$S 2 millones a la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Sin embargo, esa acción no hizo más que activar a la justicia de los Estados Unidos, que ahora puede intervenir en la investigación ya que, como sucedió con el dinero de la corrupción del FIFA-Gate, las transacciones se hicieron en dólares, su moneda nacional, y no en guaraníes.
El periodista paraguayo Jorge Torres, que viene investigando el escándalo financiero con fondos de la corrupción del fútbol desde que estalló, hace una referencia inquietante: “Hace menos de un mes, el banco suizo Julius Baer admitió oficialmente ante la justicia norteamericana que lavó U$S 36 millones de dirigentes deportivos de la FIFA. Ese mismo modus operandi es el que Leoz utilizó con el Banco Atlas aquí en Paraguay cuando el ex dirigente ya tenía pedidos de captura internacional”.
El camino parecería ser el mismo y, si Paraguay no quiere enfrentarse a un exilio financiero mundial por lavado de dinero, deberá dejar que su Justicia avance antes de que se repita el esquema que llevó al banco suizo a la confesión de lavado.
Ya están procesados por ese presunto delito todos los directivos del Banco Atlas, cuyo dueño, el Grupo Zucolillo, es también propietario de Inmobiliaria del Este, otra empresa investigada por lavado de dinero a favor de Leoz mediante la supuesta compra y arrendamiento de tierras.
Al respecto, desde el Banco Central paraguayo respaldaron la postura de la Superintendencia y manifestaron que “nuestro proceder está en línea con lo que establece el marco legal sobre la provisión de información del deber de secreto de la carta orgánica del Banco Central”.
