Hace unas semanas la empresa Neuralink, de Elon Musk, publicó un sorprendente vídeo en el que se podía ver a un mono de nueve años llamado Pager jugando al clásico videojuego Pong con su mente. Al principio, el mono usa un joystick para interactuar con el ordenador mientras que los dispositivos instalados en su cerebro leen su actividad cerebral y un ordenador la descodifica.
Una vez aprendida la técnica, el equipo de Neuralink desconecta el joystick y Pager sigue jugando sin utilizar nada más que su implante cerebral: bienvenidos al futuro. Esta tecnología impulsada por Elon Musk pretende ayudar a pacientes con parálisis a utilizar un ordenador o un teléfono móvil utilizando únicamente su actividad cerebral.
Aunque este tipo de proyectos puede tener aplicaciones muy útiles, también encierra potenciales daños si no se utilizan de manera adecuada: podrían crear soldados con supercapacidades o enviar impulsos a nuestros cerebros a través de un simple implante coclear. De ahí la necesidad de los llamados ‘neuroderechos’ para que no nos puedan ‘manipular’ el cerebro.
Los impulsores de los neuroderechos son los neurocientíficos
«Es difícil definir el concepto de los neuroderechos. Forman parte de la nueva corriente llamada derechos de cuarta generación, es decir, aquellos derechos que tocan bienes jurídicos afectados por la genética, bioingenierías…», cuenta a Vanesa Morente, profesora colaboradora de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE.
«Son los científicos y no tanto los expertos en derecho los que han liderado esta iniciativa», señala Morente. El equipo del proyecto BRAIN, ideado por el neurólogo español Rafael Yuste en la Universidad de Columbia (Nueva York), lleva años luchando por que los avances en inteligencia artificial no vulneren los derechos de las personas.
La neurociencia es un fascinante universo donde todo está por descubrir, el cerebro «es el único órgano del cuerpo humano que todavía no hemos podido descifrar al completo», dice Morente. Lanzado en 2013, el proyecto BRAIN, es una iniciativa científica ambiciosa donde los mejores especialistas del mundo pretenden «mapear» el cerebro humano en toda su dimensión para descifrar su funcionamiento y poder curar enfermedades como el alzhéimer, el párkinson, la depresión… «En la actualidad, estas enfermedades se tratan desde los síntomas, pero no desde la raíz», dice Morente.
Proponen 5 neuroderechos
Por su parte, los expertos proponen cinco neuroderechos: el derecho a la privacidad mental, el derecho a la identidad personal, el derecho al libre albedrío, el derecho al aumento de la neurocognición y el derecho a la protección de sesgos.
«Se están desarrollando lectores de actividad neuronal que pueden afectar a la privacidad. Imagínate que me implantan un dispositivo que es capaz de leer lo que voy a hacer y lo manda a un ordenador. Sería una invasión absoluta de la privacidad mental. Necesitamos saber qué se puede hacer y cómo se pueden proteger esos datos», señala Morente.
Empresas tecnológicas privadas como Google, Facebook, Apple… están invirtiendo «cantidades ingentes de dinero» en desarrollar este tipo de tecnología y «compiten con lo público, con el garante de los derechos humanos», dice la experta.
Por eso es necesario el último de los cinco derechos planteados: la protección de sesgos o como lo llama Morente la justicia distributiva: «Es necesario que todos podamos tener acceso a los avances que la neurociencia pueda producir. Se debe prohibir la discriminación y promover una justicia distributiva.
Chile es pionero en el reconocimiento de los neuroderechos
Los gobiernos son conscientes de la importancia creciente de regular estos derechos y están empezando a abrir el debate a la opinión pública. Chile se encuentra a solo un paso de convertirse en el primer país del mundo que contempla los neuroderechos en su Constitución, un proyecto que miran con lupa académicos, organismos internacionales, otros países y grandes compañías tecnológicas.
«En Chile el tema ya ha tomado cuerpo político y eso es un gran paso», celebra Morente, aunque también señala que «una cosa es reconocimiento y otra es garantía, se puede quedar como un mero brindis al sol».
Por su parte, España presentó el pasado mes de noviembre el primer borrador de su Carta de Derechos Digitales, una «declaración de intenciones no vinculante» en el tema de los neuroderechos. «Primero tenemos que definir bien qué son y luego empezar a regular», dice Morente.
La experta en derechos humanos sugiere que quizá debería ser la ONU quien tomase el liderazgo en este asunto para dar una definición global y universal de neuroderecho. «Estamos en un mundo global. No sirve de nada que Chile o España reconozcan los neuroderechos de manera sectorial. Por el contrario, se pueden crear paraísos neuronales donde desarrollar e instalar estos dispositivos. Hay que tener claro que los neuroderechos tienen que regularse a nivel universal», concluye Morente.
