Las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, llevaron este miércoles a la ONU los abusos del régimen chino contra los uigures y otras minorías en la provincia de Xinjiang y demandaron acceso sin trabas para expertos de Naciones Unidas, elevando la presión contra Beijing, que negó todas las acusaciones y las calificó como un pretexto para tratar de hacerle daño.
Estados Unidos, de la mano del Reino Unido y Alemania, convocó un acto virtual dedicado en exclusiva a analizar la situación en Xinjiang, que contó con los testimonios de activistas de derechos humanos, expertos y representantes de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional.
Todos denunciaron la existencia de graves abusos en la provincia noroccidental -con minorías musulmanas como la uigur sufriendo detenciones masivas, torturas y trabajos forzados- y con algunos Gobiernos, incluido el estadounidense, hablando de la existencia de un “genocidio”.
“Seguiremos levantándonos y hablando hasta que el Gobierno de China detenga sus crímenes contra la humanidad y el genocidio de los uigures y otras minorías en Xinjiang”, dijo la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.
“Hoy hemos escuchado y vamos a seguir escuchando cómo los derechos de los uigures y otras minorías étnicas en Xinjiang están siendo abusados y violados al extremo”, insistió Thomas-Greenfield.
Abusos a gran escala
La embajadora británica, Barbara Woodward, calificó la situación en Xinjiang como “una de las peores crisis de derechos humanos de nuestro tiempo”.
“La evidencia, procedente de un creciente número de fuentes creíbles — incluyendo imágenes satelitales, testimonios de sobrevivientes y documentos públicos del gobierno chino — es motivo de gran preocupación”, afirmó Woodward, quien antes fungió como embajadora de Gran Bretaña en China. “La evidencia apunta a un programa de represión de grupos étnicos específicos. Las expresiones de religión han sido criminalizadas y hay una discriminación sistemática y a gran escala contra el lengua y la cultura uigures”.
Imágenes de satélite de un nuevo centro de detención de uigures cerca de Kashgar en enero de 2020 (Fuente: Maxar a través de Google Earth)
En ese sentido, el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, aseguró que a pesar de los esfuerzos chinos para tapar lo que está ocurriendo, los abusos son cada vez más evidentes.
Roth apuntó que más de un millón de musulmanes han sido detenidos en un intento por forzarles a renunciar a su cultura y religión, aseguró que China ha puesto en marcha un estado de vigilancia altamente intrusivo y denunció un creciente uso de trabajos forzados en industrias como la del algodón.
Además, señaló que hay una espectacular caída en la tasa de nacimientos entre estas minorías, de más del 48 %, frente a un ligero aumento en otras áreas.
“Ya no es posible esconder crímenes de esta magnitud”, dijo Roth, que insistió en que la comunidad internacional tiene que reaccionar, empezando por poner en marcha una investigación independiente sobre la situación en Xinjiang.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó en febrero su preocupación por la situación en la región y planteó la posibilidad de realizar un viaje oficial si acordaba con China las condiciones necesarias para ello.
Hoy, numerosos países y organizaciones insistieron en la necesidad de que Bachelet pueda llevar a cabo esa visita o que, en caso contrario, comience a hacer públicas denuncias sobre la situación obtenidas de manera remota.
Beijing asegura que ha invitado a la ex presidenta chilena en múltiples ocasiones, aunque hoy dejó claro que no aceptará ninguna investigación “basada en mentiras”.
En los últimos años, se estima que un millón de personas o más han sido confinadas en campos en Xinjiang, según gobiernos e investigadores extranjeros. La mayoría son uigures, un grupo étnico mayoritariamente musulmán. Las autoridades han sido acusadas de imponer trabajos forzados y el uso sistemático de métodos anticonceptivos, y de tortura.
Respuesta china
El gobierno chino ha rechazado rotundamente las acusaciones. Beijing describió los complejos, que alega que ahora están cerrados, como centros de formación para enseñar el idioma chino, profesiones y la ley para respaldar el desarrollo económico y combatir el extremismo. El país registró una oleada de ataques terroristas relacionados con Xinjiang en 2016.
China, que había criticado con dureza la convocatoria de la reunión de hoy y había pedido boicotearla, decidió finalmente intervenir para denunciar lo que considera que es el uso de Xinjiang como una “herramienta política” para atacar al país.
“La verdad es que esto no va de derechos humanos en Xinjiang. Se trata de usar Xinjiang como una herramienta política para enfrentarse a China”, señaló durante la cita el diplomático chino Jiakun Guo.
El representante de China acusó a Estados Unidos y a algunos de sus aliados de hacer una “presunción de culpabilidad y fabricar supuestas pruebas”, calificando las denuncias de genocidio, trabajos forzados o tortura como “la mentira del siglo”.
Según los organizadores, en el evento del miércoles hubo 152 participantes, incluyendo 51 naciones, y orador tras orador pidieron a China que ponga fin a sus abusos contra los uigures.
