El grupo de Puebla, que no es más que el Foro de San Pablo renovado, pero con los mismos postulados, es un grupo de líderes de izquierda que trabajan sin pausa, en la instauración del neocomunismo en Latinoamérica. Y es que tras la caída del muro de Berlín y la fallida aplicación del comunismo, el camino de la violencia parece haber fracasado. Ahora, la nueva cara de la izquierda transita, inculcando ideas a modo de goteo persistente, disfrazada de buenos modales y buenas intenciones.
Uno de los alumnos más aplicados de los lineamientos del Foro de San Pablo y Grupo de Puebla ha sido Uruguay desde 2005 hasta 2020 bajo la gobernanza de la izquierda y con la complicidad de una derecha desintegrada que se resistía con voces aisladas y descoordinadas, a determinados cambios progresistas.
El grupo de Puebla tiene como representantes uruguayos al ex presidente José “Pepe” Mujica, al ex candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Ing. Daniel Martínez, a la ex Senadora Mónica Xavier y recientemente se incorporó el ex senador Rafael Michelini. Además de estas conocidas figuras de la política uruguaya de izquierda, están vinculados al Grupo de Puebla, la central de trabajadores uruguayos en la persona de Marcelo Abdala y Fernando Pereira. En este sentido decía Abdala en 2018 que el movimiento sindical no dejará de movilizarse en defensa de Lula da Silva. Abdala, a su turno, dijo que para el PIT-CNT este «no es un día alegre». «Tenemos el corazón hinchado de tristeza porque nos duele Brasil. Lo que está sucediendo es una infamia. Abdala a su vez visitó y se manifestó muy afín a Maduro y al movimiento bolivariano.
Los deberes “bien hechos”
Una de las etapas de la implantación de los postulados del Foro de San Pablo/Grupo de Puebla, es la conformación de gobiernos populistas. Para ello es imprescindible la consolidación de la izquierda en el poder, lo cual en Uruguay se logró por quince años ininterrumpidos.
El asistencialismo, los planes de emergencia y los subsidios como excusa de apalear una crisis (2002) sirvieron además para juntar un caudal de votos fijos. A esto, se sumó la ampliación del Estado a través de la creación de más empleos públicos. Se estima que por cada nuevo empleo público se obtendría cuatro votos del grupo familiar. El momento de mayor engrosamiento del Estado fue en el periodo de Mujica (2010-2015) el segundo periodo de la izquierda.
Tenemos en el gobierno de José Mujica la mayor consolidación del progresismo entendido bajo los términos del Foro de San Pablo.
Así en 2012, se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo siendo Uruguay el primer país sudamericano en hacerlo. La promulgación de la ley del matrimonio igualitario en agosto 2013, y la legalización de la producción y comercialización del cannabis en diciembre de dicho año.
Con esta ley, Uruguay se convertía en el primer país del mundo en legalizar la venta y el cultivo de marihuana, para lo cual el entonces presidente José Mujica se había reunido con Soros quien había brindado su total apoyo para tal medida.
Con estas tres leyes se cumplía así, parte del plan de consolidación del Foro de San Pablo/Grupo de Puebla; la fragmentación de la familia y la legalización de la marihuana con la excusa de combatir el narcotráfico.
Pero hay más, dentro de la avanzada progresista la nueva táctica fue suplantar la lucha de clases por la lucha de género. Asi, la tercera ola del feminismo, no ya de carácter igualitario y liberal, sino de imposición de privilegios, tomó un papel preponderante en la sociedad uruguaya bajo la consigna “solo desterrando el capitalismo será posible eliminar el patriarcado”.
En 2017 bajo el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se votó la ley de cuotas que regula la participación política femenina en todos los cargos electivos del país, sin límite de tiempo. Estas políticas de género, lejos de quedar bajo la egida de la izquierda, han sido tomadas por algunos sectores del Partido Nacional en el año 2020, generando divisiones entre el electorado.
Finalmente, pero no a modo exhaustivo, en 2018 se aprobó “la ley trans” por la cual además de otorgar el derecho a ser identificado con el género elegido y adecuar la documentación a el, se estableció una prestación pecuniaria a aquellas personas nacidas antes del 31/12/1975, que comprueben que a causa de su identidad de género fueron víctimas de violencia o privadas de libertad, así como impedidas del ejercicio pleno de derechos.
Todas estas leyes, sumadas a la flexibilización de las penas ante delitos, sobre todo de menores, el trabajo meticuloso en los medios de comunicación financiados por grupos de izquierda, y la tarea quirúrgica en la educación, han hecho que cale en forma honda y aparentemente pacifica, cada postulado progresista y de sesgo neomarxista, la censura y la falta de libertad disfrazada de equidad en el discurso.
En poco tiempo podremos evaluar si el cambio de gobierno en Uruguay supo detener, o al menos reducir el ímpetu de estas políticas totalitarias; o si son más resistentes a una ideología de turno.
