El Instituto de Previsión Social adjudicó compra de medicamentos por un monto global estimado de G. 373 mil millones a 32 proveedoras en diciembre pasado. En el jugoso contrato saltan alevosos sobreprecios con relación a licitación del 2017, que sumados ascienden a la estratosférica cifra de G. 170.958.785.440 (ciento setenta mil novecientos cincuenta y ocho millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro guaraníes), unos US$ 29.000.000 (veintinueve millones de dólares americanos) al cambio actual.
De un lote de 103 medicamentos adjudicados, casi la mitad registra precios sobrefacturados con relación a la última compra que realizó la previsional un año antes. Para mayor comprensión de nuestros lectores, deben tener en cuenta que a continuación mencionaremos 4 medicamentos de los 47 que se han visualizado con sobreprecios en la planilla del contrato.
Entre los ítems altamente sensibles para los asegurados de los que hemos constado un futuro desfalco (de concretarse el pago), el más escandaloso tiene que ver con el losartán potásico 50 mg, que es un medicamento antihipertensivo y que en la última adjudicación se pagó G. 251 por comprimido, mientras que en esta licitación el precio unitario adjudicado es de G. 1.491. Es decir, en un año el valor de compra de este fármaco se incrementó en 494%. La cantidad máxima establecida en este contrato es de 37 millones de comprimidos y el sobreprecio en este ítem se dispara a G. 46.376.000.000.
El segundo tiene que ver con el enalapril 20 mg. Es un medicamento cardiológico, que en la licitación del 2017 se pagó G. 252 por comprimido, mientras que en el 2018 se adjudicó a precio unitario de G. 915, que representa un incremento de 263%. Se estima una compra máxima de 30 millones de comprimidos, así el despojo en este fármaco es de G. 19.890.000.000.
El tercero, también alevoso, tiene que ver con el diclofenac 50 mg. Es un medicamento analgésico que en la licitación anterior se pagó G. 151 por comprimido, mientras que en esta adquisición el precio unitario es de G. 735 y esto representa un incremento de 387%. Con los 30 millones de compra máxima de comprimidos que se prevé, se pagarán G. 17.520.000.000 más caro.
El cuarto desfalco tiene que ver con la ciprofloxacina (medicamento antibiótico). En la licitación anterior se pagó G. 327 por comprimido, mientras que en esta licitación el precio unitario adjudicado es de G. 3.900, lo que representa un incremento de 1.093%. El valor de compra equivale a un sobreprecio de G. 8.360.820.000 por 2,3 millones de comprimidos, cantidad máxima estipulada en el contrato.
SE DEBEN EVALUAR LOS PRECIOS REFERENCIALES
En el marco de esta investigación, la redacción se comunicó con el presidente de la previsional, Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco. Al momento de consultarle sobre la susodicha licitación, mencionó no contar con los datos a mano y desconocer que se haya adjudicado esa subasta.
Pero al comentarle que la licitación cuenta con una impugnación precisamente por denuncias de irregularidades, el mismo acotó: “Ah… y bueno, si es así pudo haber ya recibido los medicamentos, entonces tenemos que ver a qué se refiere el valor que señalan por sobrefacturación porque hay que ver los precios referenciales a los cuales se llamaron a licitación, ¿verdad?”.
Al mencionar que existían irregularidades en la elaboración del precio de referencia, contestó lo siguiente: “En términos concretos, no tengo la información aquí a mano para decirte, pero habrá que ver qué tanta variación existe porque regularmente el Comité de Evaluación tiende ya a no adjudicar si el estimado supera 30% a la baja y 20% a la alta, en esos casos el Comité recomienda regularmente no adjudicar…”.
Poca transparencia en el procedimiento
Ante los insistentes pedidos de nuestra redacción para acceder a los documentos públicos correspondientes a la licitación, pudimos constatar que la DNCP no había recibido todas las documentaciones relacionadas al caso. Es decir que la entidad rectora no poseía los documentos a más de un mes de la adjudicación.
También nos comunicamos con la Jefatura de Licitaciones del IPS, realizamos numerosos intentos para contactar con la Dirección Jurídica de la previsional para dar seguimiento a las documentaciones de carácter público, pero no hubo respuesta clara.
Por otra parte, asegurados comprometidos e indignados con tan escandaloso robo e intentando en lo posible que se pueda evitar un daño mayor, han realizado las denuncias pertinentes a través del Módulo de Investigaciones Electrónicas del Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
Ante estas denuncias, la DNCP ha llevado a cabo la “Investigación Preliminar Caso Nº 470”, que a efectos de clarificar lo referido en la denuncia solicitó mediante nota, con fecha 12 de diciembre del 2018, a la Comisión Evaluadora de las Ofertas del IPS que remitan todas las documentaciones relativas a la adjudicación: informe de evaluación, notificación de adjudicación y resolución de adjudicación, como así también comuniquen el estado de ejecución contractual del procedimiento de contratación en el plazo de 3 días hábiles.
Habiendo pasado 38 días hábiles del pedido al IPS por parte de la Abg. Djalma Vera y de la directora jurídica Abg. María Eugenia Otazo Aponte de la DNCP, convenientemente estas documentaciones de carácter público recién fueron remitidas a la Dirección de Normas y Control de la DNCP el día lunes 4 de febrero del corriente.
Se recuerda lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Nº 3.439/07 (modificatoria de compras públicas), que establece: “Las entidades, organismos y municipalidades colaborarán para la eficaz gestión en materia de contrataciones públicas y deberán proveer toda la información relacionada con la materia que sea requerida por la (DNCP)”.
SEPA MÁS
LA LICITACIÓN
El Instituto de Previsión Social (IPS), en la subasta a la baja electrónica del llamado a Licitación Pública Nacional LPN Nº 73/18 “Adquisición de Medicamentos Varios para el IPS – ID Nº 347619”, adjudicó mediante la resolución del consejo administrativo del IPS, R.C.A Nº 088-005/18 y R.C.A Nº 088/006/18.
Los fraudulentos pagos solo están pendientes de emisión. Si no se anula el llamado, se podrían ejecutar parcial o totalmente algunos contratos y el daño será irreversible.
De manera pormenorizada, al analizar la subasta a la baja electrónica del llamado LPN Nº 73/18 y que según el acta de la subasta emitida, hemos observado los precios ganadores (mejores lances), los cuales “no se exceden significativamente de los precios referenciales”, pero lo llamativo es que esos precios referenciales no consideraron las cotizaciones de las últimas adjudicaciones del IPS que se encuentran publicadas en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en el “Historial de Precios Adjudicados”.
Fuente: La Nación
