Mientras la ciudadanía se preparaba para despedir el año 2022, el régimen boliviano secuestraba a Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz.
Hay varias especulaciones sobre las motivaciones que tuvo el gobierno para volver a enfrentarse con la región más próspera de Bolivia. Se habla hasta de un regalo navideño de Luis Arce Catacora a Evo Morales. Pero todo parece indicar que los motivos son más serios que una simple reconciliación entre el burócrata y el cocalero.
Primero, la fuerte inflación internacional y la alta probabilidad de recesión global amenazan con elevar la cotización del precio del petróleo. Sin embargo, a diferencia del pasado, este no sería un factor a favor de Bolivia, sino de preocupación. Pues la capacidad de producción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es cada vez menor, por ende, la necesidad de importar combustibles es cada vez mayor.
Segundo, como agravante de la situación anterior, las divisas, la parte más líquida de las Reservas Internacionales, apenas alcanzan a $us 758 millones. Tenemos que comprar una gasolina más cara, pero nosotros tenemos menos dinero. Además, con tan poco nivel de liquidez, las presiones sobre el tipo de cambio son cada vez mayores. Es decir, que estamos con un alto riesgo de devaluación.
Para enfrentar este complicado escenario, Arce Catacora está apostando por el incremento, de la ya elevada, deuda pública. Al respecto, Luisa Nayar, diputada de oposición, el 22 de diciembre pasado en una entrevista al periódico Página Siete, expresó lo siguiente:
Están cada vez gestando más préstamos internacionales y clarísimo es el ejemplo porque mañana tenemos una sesión en la Comisión de Planificación donde se va a tratar un proyecto de ley de un préstamo con el BID de $us 100 millones, de un préstamo con el Instituto de Crédito Fiscal de $us 30 millones, un crédito de la Agencia Francesa para el Desarrollo de 200 millones de euros, de un crédito con el Banco Mundial de $us 300 millones.
Note la paradoja, esos que, en teoría, gobiernan obedeciendo al pueblo, están hipotecando el futuro del país para, tan solo, intentar sostener su fracasado modelo.
Pero si la apuesta por el endeudamiento no sale bien ―peor si consideramos que la calificadora Standard & Poor’s decidió rebajar la calificación de riesgo de Bolivia―, la dictadura va a recurrir al otro elemento de la franquicia castrochavista: el terrorismo de Estado.
Se entiende el Terrorismo de Estado como los crímenes ejercidos desde el gobierno sobre una población civil y desarmada. Las dictaduras utilizan esta metodología para obligar a la ciudadanía a aceptar cosas que en condiciones normales jamás lo haría, por ejemplo, cupos de racionamiento de combustible o tarjetas de alimentos. La idea es que nadie se queje o proteste si el dictador ordena que todos nos muramos de hambre, menos él, obviamente.
Entonces, todo parece indicar que ―especialmente, luego de la reunión entre Luis Arce Catacora y Miguel Diaz Canel― la dictadura boliviana está dispuesta a avanzar en la agenda totalitaria del Socialismo del Siglo 21. Al final, la supuesta división del MAS no es nada más que un detalle, porque para el Castrochavismo lo importante es cumplir sus objetivos, los títeres son reemplazables.
Me gustaría desearle un próspero 2023, pero sería una burla, ¡pobre Bolivia!
