El Gobierno anunció recientemente la puesta a disposición de más de 300 inspectores para garantizar que los colegios aplican su ley adoctrinadora educativa. Se trata de los mismos inspectores que no están garantizando el derecho de acceso a la educación en español, por ejemplo, en Cataluña. Y es que, efectivamente, el Gobierno ha dejado claro que quiere su norma progresista en todos los colegios sea como sea. Pero los colegios han contestado: el sindicato CSIF, que acaba de disparar su presencia entre el profesorado, ha anunciado ya que cuenta con una eterna lista de quejas de los centros escolares contra la ley. Quejas que abarcan desde el contenido de los temarios hasta los sistemas de evaluación del alumnado.
CSIF ha exigido ya al Ministerio una reunión extraordinaria para analizar la situación y ha anunciado movilizaciones para mostrar el descontento del profesorado: «Si Educación no reacciona, CSIF consultará con las bases y no descarta incluso la huelga», señalan desde el sindicato.
Las quejas y denuncias de los profesores son múltiples: «Improvisación, exceso de burocracia, sobrecarga de trabajo para la adaptación y preocupación por el nivel de los alumnos. Esas son las principales quejas del personal docente», apunta CSIF.
