El presidente Gabriel Boric estaría preparándose para firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú.
La noticia la compartió el mismo Boric en una pauta junto a la prensa extranjera en el Palacio de La Moneda, pero sin mayores detalles.
El Acuerdo de Escazú es inédito a nivel mundial ya que en su artículo 9 establece que cada firmante garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los Derechos Humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Piñera, en su último mandato le dio la espalda a este acuerdo con los siguientes argumentos:
- El acuerdo introducía principios no definidos que condicionarían la legislación ambiental del país.
- En segundo lugar, firmar el texto podía implicar cambios inciertos en la legislación chilena, “dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica”.
- A eso sumaron el argumento que Escazú introducía “obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento”.
- Finalmente, el último punto aludía a que el acuerdo expondría a Chile a “controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas”.
