La empresa “6 de Abril SA” se constituyó el 9 de agosto de 2016 y tiene como actividad principal “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. Su capital es de G. 1.000 millones y hasta la fecha declaró ante la Subsecretaría de Estado de Tributación “sin movimiento”.
Los principales socios de la referida son el contralor y el abogado Núñez, quien llamativamente es el director jurídico de la Contraloría General a cargo de García.
Todo esto se desprende del informe que Seprelad envió en mayo del año pasado a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. En dicho documento se resalta que García no puede justificar el origen de G. 2.942 millones.
Entre los años 2012 y 2017, el contralor depositó en sus cuentas bancarias la suma de G. 4.462.355.395.
Sin embargo, durante ese mismo periodo declaró ante la SET que tuvo un ingreso de G. 1.520 millones. Es por eso la diferencia de G. 2.942 millones, entre lo declarado ante Tributación y lo depositado en los bancos.
Según el informe de Seprelad, García declaró ante la SET en 2012 que tuvo un ingreso de G. 163 millones. Empero, ese mismo año depositó en sus cuentas bancarias G. 1.004 millones, lo que arroja una diferencia de G. 840.968.045 que no declaró al fisco. Esta situación se repite en los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
Los datos proveídos por la Seprelad son corroborados por la fiscala Victoria Acuña que tiene a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del contralor.
Conclusión
Con base al Informe de Inteligencia Financiera, la Seprelad concluyó que: 1) la existencia de publicaciones periodísticas negativas que vinculan a la persona analizada con presuntos hechos de producción de documentos de contenido falso y uso de documento de contenido falso; 2) No se ha podido observar documentaciones que avalen varias de las transacciones y operaciones realizadas por García; 3) se observa una suma de G. 2.942 millones en concepto de depósito sin justificación aparente y 4) se observa gran utilización de efectivo en las operaciones realizadas.
El primer punto se refiere a la imputación que soporta Enrique García por el uso de documentos falsos, para justificar la no apelación de un fallo judicial que condenó a la Municipalidad de Asunción, donde fue director jurídico, a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur.
García fue procurador general, desde setiembre de 2008 hasta junio de 2012, durante el gobierno de Lugo. Fue además presidente del Consejo impulsor del Sistema Nacional de Integridad, CISNI. Posteriormente, se dedicó a la actividad privada y llegó a ser director jurídico de la Municipalidad de Asunción, hasta que fue nombrado contralor general por el periodo 2016-2018.
