El Gobierno impulsa un régimen excepcional de supervisión por hasta ocho meses para determinadas compañías relacionadas con el conglomerado empresarial. La propuesta apunta a evitar que la resolución de Ueno Bank provoque efectos sobre otras actividades económicas y fuentes laborales.
El Poder Ejecutivo analiza implementar un mecanismo extraordinario de supervisión para empresas vinculadas al Grupo Vázquez, en medio de las consecuencias económicas e institucionales derivadas del proceso de resolución de Ueno Bank.
La iniciativa contempla la creación de un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas y la designación de administradores independientes para aquellas compañías que reúnan las condiciones establecidas en el proyecto.
El esquema tendría una duración máxima de ocho meses y buscaría preservar los activos empresariales, garantizar la continuidad de determinadas operaciones y reducir el riesgo de pérdida de puestos de trabajo.
Un mecanismo distinto de la intervención estatal
Desde el Ejecutivo aclararon que la propuesta no supone que el Estado asuma directamente la administración de todas las empresas relacionadas con el grupo empresarial.
El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, explicó que las compañías que no estén sometidas a intervención judicial ni bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) quedarían sujetas al mecanismo de supervisión previsto.
La aclaración busca diferenciar las empresas alcanzadas por investigaciones judiciales o medidas patrimoniales de aquellas que podrían continuar operando bajo un régimen de vigilancia temporal.
El desafío de evitar un efecto dominó
La propuesta surge ante la preocupación por el posible impacto que la crisis de Ueno Bank pueda generar sobre otras sociedades vinculadas al mismo conglomerado, sus trabajadores, proveedores y actividades comerciales.
El Gobierno busca evitar que los problemas de una entidad financiera se extiendan indiscriminadamente a otras unidades económicas que no necesariamente están involucradas en las investigaciones.
Sin embargo, el mecanismo también abre interrogantes sobre los criterios para seleccionar las empresas alcanzadas, las atribuciones de los administradores independientes y los controles que garantizarán la transparencia de sus actuaciones.
La iniciativa deberá ser examinada conforme a los procedimientos correspondientes. Su implementación y alcance dependerán de la aprobación del marco legal propuesto.




