Los vínculos partidarios, las representaciones compartidas y los documentos de Insurgencia muestran una dimensión política que debe formar parte del debate sobre los fondos previsionales. Entre los protagonistas aparece Eduardo Aguayo, exdirigente del Partido de los Trabajadores y referente de Insurgencia, quien también intervino como abogado defensor en la causa por la quema de Colorado Róga.
La exigencia de retirar los fondos del IPS depositados en Ueno Bank reunió el 27 de octubre a representantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas. La convocatoria incluyó a la Asociación de Asegurados del IPS, la Confederación de la Clase Trabajadora, Acción Sindical Clasista, OTEP-SN e Insurgencia. Detrás de esas denominaciones aparecen dirigentes con trayectorias partidarias y una presencia compartida en diferentes espacios de representación.
Examinar esta actuación exclusivamente como una intervención de asegurados preocupados por sus aportes deja fuera una parte relevante del contexto. Los antecedentes muestran responsabilidades gremiales y partidarias que se superponen, mientras una de las organizaciones convocantes, Insurgencia, plantea expresamente aprovechar la debilidad gubernamental para construir una alternativa socialista revolucionaria.
Distintas siglas, referentes compartidos
Julio López y Eduardo Aguayo tienen la conexión más evidente de esta articulación. López registra antecedentes en la dirección del Partido de los Trabajadores y una extensa trayectoria en la CCT. Aguayo fue secretario político del PT y posteriormente pasó a aparecer como dirigente de Insurgencia. Ambos también están relacionados con la asociación de asegurados y el Frente Sindical y Social, desde donde han intervenido en distintas controversias públicas.
La secuencia de la asociación de asegurados resulta especialmente ilustrativa. Aguayo fue elegido al frente de su comisión directiva en diciembre de 2022; López ya figuraba como integrante en agosto de 2023. En febrero de 2026, las publicaciones todavía presentaban a Aguayo como presidente, mientras que en mayo atribuían ese cargo a López. El cambio se produjo entre dirigentes que ya compartían la misma organización.
La superposición también aparece en el Frente Sindical y Social. En abril de 2025, Aguayo fue presentado simultáneamente como presidente de la asociación de asegurados y coordinador del Frente. En julio de 2026, López aparecía como vocero de ese mismo espacio, además de su trayectoria en la CCT. La secuencia muestra cómo los mismos referentes intervienen desde diferentes representaciones y cómo una convocatoria puede reunir varias siglas con dirigentes compartidos.
La multiplicación de nombres institucionales no multiplica automáticamente la representatividad. Cuando se habla en nombre de los asegurados, resulta razonable exigir claridad sobre quién eligió a sus portavoces y qué sectores representan efectivamente.
Bernabé Penayo presenta otra conexión política explícita. El dirigente de Acción Sindical Clasista fue secretario de la Comisión de Organización, miembro del Comité Central y de la Comisión Política del Partido Comunista Paraguayo.
La estrategia de Insurgencia está escrita
El documento publicado por Insurgencia el 6 de octubre ofrece una definición directa de sus objetivos. La organización describe el resultado de las municipales como un “escenario favorable de debilidad gubernamental” y propone aprovechar la crisis para construir una alternativa socialista revolucionaria. La presencia en las calles, la organización y la movilización permanente aparecen como instrumentos de esa estrategia.
Su manifiesto de marzo ya expresaba la intención de construir un partido obrero, revolucionario, internacionalista y comunista. También convocaba a intervenir en sindicatos, movilizaciones populares y organizaciones sociales para disputar el poder y transformar el sistema político y económico. La caracterización de Insurgencia como una organización de izquierda radical se apoya en su propio programa público.
Esta orientación permite comprender por qué sus actuaciones exceden una discusión puntual sobre inversiones del IPS. Para Insurgencia, la organización de los conflictos sociales forma parte de un proyecto político más amplio.
De la ANDE al IPS, una articulación que reaparece
La coincidencia entre estas organizaciones tiene antecedentes recientes. En septiembre, la CCT, la asociación de asegurados, Acción Sindical Clasista y el Frente Sindical y Social figuraron en una convocatoria sobre la ANDE. Sus reclamos incluían la ampliación de la tarifa social, el rechazo a subsidios para empresas electrointensivas y la oposición a una eventual privatización. Varias de esas estructuras vuelven a confluir alrededor del IPS.
Esa continuidad configura una plataforma de presión política que interviene en distintos conflictos y contribuye al desgaste del Gobierno. En el caso de Insurgencia, esa lectura encuentra sustento adicional en su propósito declarado de convertir el descontento en organización y movilización.
Aguayo, del PT a Insurgencia y abogado en la causa por Colorado Róga
La trayectoria de Eduardo Aguayo reúne responsabilidades partidarias, representación de asegurados y actuación profesional en causas de repercusión política. Fue secretario político del Partido de los Trabajadores de Paraguay, cargo consignado expresamente por la Liga Internacional de los Trabajadores en agosto de 2021. En 2026, lo presentan como secretario político de Insurgencia, organización que reivindica una orientación marxista, leninista y trotskista.
Ese mismo dirigente intervino como abogado defensor en la causa por la quema de Colorado Róga, ocurrida el 17 de marzo de 2021 durante las protestas contra el gobierno de Mario Abdo Benítez. En marzo de 2023, ABC lo identificó, junto con Ximena López, como defensor de Enrique Agüero Escobar, uno de los procesados.
El dirigente del PT y posterior referente de Insurgencia participó profesionalmente en una causa originada en un episodio de fuerte confrontación con el Partido Colorado.
La transparencia también alcanza a los voceros
Los vínculos partidarios, los cargos compartidos y los cambios de representación constituyen información relevante para evaluar a quienes buscan influir sobre decisiones públicas. En este caso, los antecedentes muestran dirigentes que actúan desde asociaciones, centrales, frentes y organizaciones políticas, con una relación especialmente estrecha entre López y Aguayo.
