Seis integrantes de la nómina de candidatos a concejales por la lista de Yo Creo aparecen señalados en distintas causas por presuntos hechos de corrupción. El caso más emblemático es el de Miguel Prieto, quien acumula 53 denuncias, cuatro imputaciones y tres causas elevadas a juicio oral y público.
El discurso de transparencia con el que YoCreo irrumpió en la política esteña enfrenta hoy un fuerte cuestionamiento. De los candidatos a concejales que integran su lista, seis aparecen vinculados a denuncias, investigaciones o imputaciones por presuntos hechos de corrupción, una situación que coloca a la agrupación bajo el escrutinio ciudadano.
El caso más emblemático es el de Miguel Prieto, quien acumula 53 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, cuatro imputaciones y tres causas elevadas a juicio oral y público. Entre ellas sobresale el caso “Tía Chela”, en el que la Fiscalía sostiene la existencia de un supuesto esquema de lesión de confianza y asociación criminal relacionado con la compra de alimentos durante la pandemia.
Prieto afirmó públicamente que ese juicio había sido adelantado un año por supuestas presiones políticas. Sin embargo, el fiscal Silvio Corbeta desmintió esa versión y explicó que el juicio nunca estuvo fijado para 2027, sino originalmente para mayo de 2026. Posteriormente fue reprogramado para agosto por cuestiones administrativas del Tribunal. Según el representante del Ministerio Público, el proceso se retrasó tres meses y no se adelantó un año.
A esto se suma el caso Tajy. Según la acusación fiscal, exfuncionarios de confianza de la administración Prieto reconocieron hechos vinculados a una compra simulada de insumos de panadería. También admitieron que la empresa adjudicada no entregó los productos por los cuales la Municipalidad pagó G. 306.188.500. El documento señala además que funcionarios encargados de los pagos autorizaron los desembolsos pese a conocer que las mercaderías no habían sido entregadas.
Sebastián Martínez registra cuatro imputaciones y tres causas elevadas a juicio oral y público, relacionadas con presuntos hechos de lesión de confianza y otros delitos investigados por el Ministerio Público.
Valeria Romero acumula tres denuncias: la causa de la Clínica Móvil “Chararra”, una denuncia por presunto nepotismo y la investigación relacionada con el Hospital Regional. En esta última causa también figura imputada.
Dyrce Ledezma fue denunciada como presunta responsable intelectual del esquema conocido como la “mafia de los combustibles”, causa que se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.
Víctor Torales enfrenta denuncias por presunto nepotismo y tráfico de influencias, mientras que Alison Anisimoff también fue denunciada por presuntos hechos de nepotismo y tráfico de influencias. Ambos casos se encuentran bajo investigación fiscal.
Las denuncias, investigaciones e imputaciones no constituyen condenas, y todas las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme. No obstante, la cantidad y gravedad de los señalamientos plantean una contradicción política difícil de ignorar para un movimiento que hizo de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas.
En plena campaña municipal, YoCreo deberá explicar no solo por qué el 50% de sus candidatos a concejales aparece vinculado a este tipo de causas, sino también por qué su principal referente difundió una versión sobre el juicio del caso “Tía Chela” que fue desmentida por la Fiscalía y cómo exfuncionarios de su propia administración terminaron reconociendo hechos que lo comprometen dentro de la acusación fiscal del caso Tajy.
