El decreto de Estado de Emergencia emitido por el gobierno venezolano tras los sismos registrados el pasado 24 de junio desató fuertes cuestionamientos por parte de especialistas en derecho, quienes advierten que la medida podría abrir la puerta a restricciones inconstitucionales sobre el derecho a la propiedad privada y ampliar aún más el margen de intervención estatal.
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia, dedicada al seguimiento del Estado de Derecho en Venezuela, sostuvo que el decreto firmado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se ajusta a los procedimientos previstos en la Constitución para situaciones de desastre natural.
Según el análisis de la organización, la Carta Magna establece que este tipo de emergencias deben ser declaradas bajo la figura de un Estado de Alarma, contemplado en el artículo 338 de la Constitución, y no mediante un decreto de Estado de Emergencia como el utilizado por el Ejecutivo.
La diferencia no es menor. De acuerdo con la ONG, al no haberse aplicado el mecanismo constitucional correspondiente, el Gobierno carecería de base legal para imponer restricciones temporales a derechos fundamentales, entre ellos el derecho de propiedad.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el contenido del artículo 6 del decreto, que autoriza al Ministerio de Interior, encabezado por Diosdado Cabello, a ordenar la ocupación temporal de instituciones públicas y privadas, terrenos y otros inmuebles, así como la requisición de bienes y servicios que considere necesarios para atender a la población afectada.
Para Acceso a la Justicia, un decreto presidencial no posee la jerarquía normativa suficiente para limitar derechos humanos protegidos por la Constitución, entre ellos la propiedad privada.
El debate adquiere una dimensión aún más sensible debido a los antecedentes del régimen venezolano en materia de intervención económica. Durante más de dos décadas, el chavismo impulsó numerosas expropiaciones, ocupaciones e intervenciones de empresas privadas bajo distintos fundamentos legales, medidas que terminaron afectando a miles de propietarios y provocando una profunda caída de la producción nacional.
Por ese motivo, distintos analistas consideran que cualquier disposición que amplíe las facultades del Ejecutivo para ocupar bienes privados genera preocupación, especialmente en un país donde las garantías sobre la propiedad han sido objeto de constantes cuestionamientos por parte de organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
