El Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (SINFUMIRE) y la Asociación de Funcionarios Administrativos y Técnicos (AFESA) solicitaron oficialmente al nuevo viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Dr. Miguel Aranda, que la Dirección de Recursos Humanos sea ocupada por un funcionario perteneciente al Escalafón del Servicio Administrativo y Técnico.
La petición fue presentada mediante una nota fechada el 24 de noviembre de 2025, luego de que el cargo quedara vacante por la renuncia de la anterior directora. Las organizaciones cuestionan que, pese a esta vacancia, la designación recaiga nuevamente en una persona ajena a la institución.
De acuerdo con la Ley Nº 6.935/2022, el artículo 77 establece que los cargos dependientes del Viceministerio de Administración y Asuntos Técnicos deben ser ocupados por funcionarios del Escalafón Administrativo y Técnico. Sin embargo, los gremios denuncian que esta disposición no se cumple en diversas dependencias claves, como la Secretaría General, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección General de Asuntos Consulares, la Dirección de Finanzas, la Dirección de Presupuesto y el área de MECIP, entre otros puestos directivos actualmente ocupados por funcionarios del Escalafón Diplomático y Consular.
Representantes del sector señalan que existen profesionales administrativos altamente capacitados —con rangos de ministros AAT, directores AAT y primeros oficiales AAT— que se encuentran sin funciones acordes a su categoría o a disposición de Recursos Humanos sin ser considerados para cargos de mayor responsabilidad.
Los funcionarios no diplomáticos expresaron su expectativa de que el canciller Rubén Ramírez Lezcano haga cumplir la normativa vigente, en consonancia con el compromiso del Gobierno de mejorar las condiciones laborales dentro del servicio público. Destacan que recientes avances, como la equiparación salarial en el servicio local y exterior y la transparencia en las rotaciones y traslados al Servicio Exterior —hechos calificados como históricos en las sesiones de la Junta de Calificaciones de octubre y noviembre— demuestran que es posible avanzar hacia una gestión más justa y equilibrada.
No obstante, advierten que en el Servicio Local persisten inequidades que esperan sean corregidas mediante el cumplimiento estricto de la ley y una distribución más equitativa de los cargos directivos dentro de la Cancillería Nacional.
