El reciente documental de Al Jazeera desnuda con crudeza un fenómeno que muchos preferían ignorar: la manera en que el Partido Comunista Chino actúa desde las sombras para socavar la soberanía de los países que no se alinean con sus intereses. Paraguay, uno de los pocos aliados que le quedan a Taiwán en el mundo, aparece en el centro de esta trama como escenario de operaciones encubiertas, favores políticos y proyectos turbios con un único objetivo: condicionar la política nacional para abrirle paso a Pekín.
El protagonista de la investigación, Shi Dizi, es presentado como un empresario minero en Ciudad del Este, pero en sus propias palabras —registradas por cámaras ocultas— se muestra como un operador político que responde a los lineamientos del Partido Comunista Chino y a la embajada en Brasil. Confiesa haber entregado dinero a políticos de primer nivel, sobornado a autoridades y proyectado negocios multimillonarios bajo la fachada de inversión extranjera. Es cierto que, hasta ahora, no existen pruebas materiales más allá de su propio testimonio; sin embargo, lo inquietante es la franqueza con que describe un esquema de corrupción que se superpone con realidades palpables: la penetración de capitales chinos, el financiamiento irregular de campañas y la tentación constante de la geopolítica sobre un país con debilidades institucionales.
Uno de los proyectos más preocupantes que promueve Shi Dizi es la instalación de KK Park, complejos industriales y residenciales al estilo de ciudades cerradas, que funcionan bajo control absoluto de sus operadores y con escasa supervisión estatal. Experiencias similares en otros países han demostrado que estos parques pueden ser usados para trabajo forzado, fraude internacional y control económico, con implicancias directas sobre la seguridad nacional y la integridad institucional. La intención de replicar este modelo en Paraguay representa un riesgo grave: no solo por la dependencia económica que generaría, sino también por la posibilidad de que sectores estratégicos queden bajo influencia directa de un actor extranjero.
El peligro se agrava cuando se considera la propia confesión de Shi: “todo en Paraguay se puede comprar”. Según su declaración, la entrada al país cuesta 300 dólares, la residencia permanente 20.000 dólares y el pasaporte 40.000 dólares. Estos pasaportes se emiten utilizando documentos de paraguayos de origen japonés, coreano o taiwanés con rasgos similares, y luego se actualizan las huellas digitales. Ya varios ciudadanos chinos con antecedentes penales han ingresado al país para “limpiar su identidad”. Además, Shi reconoció que su negocio de minería es ilegal, sin licencia, y que constantemente evita ser detectado por la policía paraguaya. Este nivel de vulnerabilidad institucional y la facilidad con que se cometen irregularidades representan un riesgo sin precedentes para la seguridad del país.
Paraguay no puede permitirse la ingenuidad. Lo que se escucha en la voz de Shi Dizi, aunque no comprobado judicialmente, encaja con el modus operandi que China ha aplicado en África, en Asia y en América Latina: cooptar élites políticas, desmantelar resistencias y someter a las naciones con la zanahoria de la inversión y el garrote de la exclusión diplomática. La pregunta que queda pendiente es: ¿qué hicieron los gobiernos anteriores mientras todo esto se gestaba? La permisividad con que este operador se movió durante años en territorio paraguayo es, al menos, una señal de negligencia.
La lección es clara. Frente a un adversario geopolítico de la magnitud del Partido Comunista Chino, y ante individuos dispuestos a corromper la soberanía mediante esquemas ilegales como los KK Park, la única defensa posible es un Estado fuerte, instituciones firmes y una ciudadanía vigilante. El silencio, la indiferencia o la complicidad no son opciones: son el camino seguro hacia la pérdida de soberanía.
Paraguay debe entender que lo que está en juego no es un simple diferendo diplomático, sino la libertad de decidir su propio destino sin tutelas extranjeras ni actores extranjeros que operen en la ilegalidad dentro de su territorio.
