Por Marcos León
El artículo de ABC Color del 5 de agosto de 2025, titulado “Embarazo adolescente, el rostro de la desigualdad”, no es una denuncia social, sino una pieza funcional al negocio de la anticoncepción infantil. Bajo el ropaje de preocupación por la pobreza, se oculta un modelo importado que legaliza la intervención sobre los cuerpos de niñas y adolescentes sin control legal, sin familia y sin ética.
Aunque la palabra “anticoncepción” no aparece, todo el texto gira en torno a evitar que niñas pobres tengan hijos. El esquema es claro: mostrar cifras crudas, asociarlas automáticamente con pobreza y presentar como única salida la inhibición de la fertilidad. No hay propuestas educativas ni culturales, ni reconstrucción de entornos protectores. Se impone, sin decirlo, una política de control de la fertilidad bajo el modelo UNFPA–OPS: condón, implante, formulario, silencio.
Las causas del embarazo adolescente son mencionadas solo como trámite retórico. El texto cita factores como pobreza o uniones tempranas, pero sin interés real en abordarlos. El único fin es justificar la “prevención” por medios químicos. En vez de erradicar la violencia, restaurar vínculos o proteger a la niña, se concluye que su fertilidad es el problema. Y eso no es prevención: es eugenesia silenciosa presentada como compasión.
Todo el artículo se apoya en la idea implícita de que una niña puede decidir por sí sola sobre su salud sexual. Este es el principio de “autonomía progresiva”, concepto importado, que sostiene que niños y adolescentes pueden tomar decisiones clínicas o personales de forma independiente, en función de su “madurez”, sin consentimiento de sus padres a pesar de ser menores de edad. De esta forma, preparan el terreno cultural para qué, en contra de la ley, sin protocolo, y sin trazabilidad, se entreguen implantes y métodos hormonales a niñas con un simple formulario, y con esto llenar los bolsillos de los mercenarios empresarios de las multinacionales de la anticoncepción.
Y lo más grave: hace el llamado para que esto se impulse coordinadamente desde el “sistema educativo”, donde ya se han implementado estrategias de una falsa educación integral que habiliten este tipo de prácticas, y a la vez se sigue retrasando la implementación de materiales verdaderamente integrales, altamente técnicos y que sí colaboran a la formación del carácter de los niños y adolescentes.
Es decir, se legitima una intervención directa del Estado sobre los cuerpos de niñas y adolescentes, sin control social, sin autoridad parental, sin garantía institucional y, a la vez, van a formando desde la infancia, consumidores de anticonceptivos y no a personas con carácter.
Hablar de “proyecto de vida” sin hablar de raíces, virtud o propósito, es vaciar de contenido a la persona. Se dice que el embarazo adolescente impide a las niñas realizar su proyecto de vida, pero en realidad se reduce su valor a un plan funcional al consumo. No se busca su desarrollo humano integral, sino su adaptación a un modelo ideológico impuesto.
El embarazo adolescente no es una tragedia a resolver, sino un recurso político a explotar. El artículo utiliza el dato como arma emocional para justificar políticas impuestas. Calla sobre la violencia sexual, sobre la desprotección institucional y sobre el debilitamiento familiar. Solo le interesa abrir el camino a una agenda de control y dependencia.
Cuando se menciona el “costo” económico del embarazo adolescente, se está preparando la justificación para redirigir fondos públicos. No hacia la justicia ni hacia la educación verdadera, sino hacia consultorías, ONGs, insumos hormonales y talleres de ideología. La prevención, en este contexto, no es más que una coartada para financiar la intervención sobre cuerpos de niñas paraguayas.
Este modelo ya fue probado en otros países, con millones en inversión internacional y años de implementación. Fracasó. No redujo embarazos ni disminuyó significativamente la violencia. Solo institucionalizó la dependencia, rompió la relación entre padres e hijos y degradó el vínculo entre salud y ética. No funcionó. No funciona. Y no funcionará.
Las niñas paraguayas no necesitan implantes. Necesitan justicia, familia, protección y dignidad.
Y el Paraguay no necesita más campañas con disfraz técnico. Necesita coraje institucional, autoridad moral y políticas públicas que respeten la ley, la cultura y la persona humana.
Es hora de mirar a nuestras niñas como hijas, no como objetos de experimentación. Y al Paraguay, como una nación soberana, no como colonia ideológica de agendas extranjeras.
