Por Minerva Machado
En su reciente intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, puso sobre la mesa un debate clave para las economías emergentes: ¿pueden los países desarrollados seguir imponiendo reglas comerciales globales bajo pretextos ambientales o sanitarios, sin considerar el impacto desigual que generan?
Con claridad y firmeza, Peña señaló que muchas de las normas actuales del comercio internacional están “sesgadas o diseñadas en beneficio de las economías más desarrolladas”, las cuales no solo negocian desde una posición de poder, sino que además disfrazan sus medidas proteccionistas como regulaciones de defensa ambiental o de salud pública.
Como ejemplo concreto, citó el Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea, una normativa recientemente adoptada que impone requisitos estrictos a las importaciones de productos como carne bovina, soja, cacao, café, entre otros. Esta legislación exige que dichos productos estén libres de deforestación, lo que implica la trazabilidad total de su origen y la certificación de que no han sido cultivados en tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
A primera vista, la intención ambiental de esta medida puede parecer loable. Sin embargo, detrás de su retórica verde se esconde una realidad más cruda: esta clase de barreras técnicas representan un nuevo rostro del proteccionismo económico.
Un nuevo proteccionismo disfrazado de sostenibilidad
El verdadero problema radica en que este tipo de medidas, aunque justificadas por preocupaciones legítimas, no surgen del consenso multilateral, sino de decisiones unilaterales de países o bloques con mayor capacidad de presión. Y lo que es más grave: ponen sobre los hombros de los países en desarrollo una carga desproporcionada que muchos productores pequeños y medianos no están en condiciones de asumir.
Para cumplir con estas exigencias, un exportador paraguayo deberá implementar complejos sistemas de trazabilidad, certificaciones internacionales, auditorías externas y mecanismos tecnológicos avanzados, lo cual representa una barrera económica formidable. Mientras tanto, grandes empresas europeas, con acceso a capital, tecnología y asesoramiento legal, se posicionan como las únicas capaces de adaptarse al nuevo régimen, consolidando su hegemonía y reduciendo la competencia externa.
La defensa de un comercio más justo
La intervención del presidente Peña no fue un acto de confrontación, sino un llamado a la coherencia y al equilibrio. Paraguay, un país comprometido con la producción sostenible y la defensa del medioambiente, rechaza la imposición de normas que ignoran las realidades locales y socavan el principio de equidad en el comercio internacional.
Más que oponerse a la protección de los bosques, lo que el mandatario propone es un diálogo verdaderamente multilateral que incluya a los países productores en el diseño de las reglas globales, brindando además asistencia técnica, transferencia de tecnología y condiciones realistas para una transición sostenible.
Su posición refleja una visión moderna, soberana y articulada del papel que Paraguay quiere ocupar en el escenario global: no como receptor pasivo de normas externas, sino como un actor respetado, capaz de defender sus intereses sin renunciar al desarrollo sostenible.
