Un niño de 8 años perdió la vida luego de presentar síntomas compatibles con dengue, en medio de una presunta red de irregularidades que habrían impedido su traslado oportuno a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El caso generó gran indignación y encendió las alarmas sobre el manejo de las derivaciones por parte de algunos actores del sistema de salud.
El pequeño ingresó al Hospital Distrital de presidente Franco, pero cuando su estado se agravó y requirió atención en UTI, el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) reportó que todas las camas del sector público estaban ocupadas. Ante esta situación, se amplió la búsqueda a hospitales privados, y se determinó que la única UTI disponible se encontraba a 74 kilómetros de distancia. Lamentablemente, el niño no resistió el traslado y falleció en el camino.
Sin embargo, el pediatra Juan Del Puerto, quien atendió al menor, denunció que en realidad había camas disponibles en un centro asistencial ubicado a solo 6 kilómetros. Según el especialista, el niño fue enviado a mayor distancia con la intención de beneficiar económicamente a un hospital privado, ya que el Ministerio de Salud reembolsa los costos de estas derivaciones.
Esta grave acusación pone en el centro del debate una posible «mafia de terapia intensiva», que priorizaría intereses económicos por encima de la vida de los pacientes. Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que ya están abocados a esclarecer los hechos y garantizar que situaciones como esta no se repitan.
