El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, denunció a Jair Bolsonaro por supuestamente liderar un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio «Lula» da Silva. La acusación, que pide 38 años de prisión, se basa en la supuesta existencia de una «organización criminal con un proyecto autoritario de poder».
Este proceso judicial tiene todas las características de una persecución política. Desde que dejó el poder, Bolsonaro ha sido blanco de múltiples acusaciones impulsadas por sectores afines al gobierno de Lula. La denuncia se enmarca en un patrón preocupante en América Latina, donde líderes conservadores son judicializados mientras la izquierda avanza sin obstáculos.
La estrategia es clara: criminalizar a la oposición para evitar su retorno al poder. Si bien la justicia debe ser independiente, el uso del aparato judicial con fines políticos socava la democracia y establece un precedente peligroso. El caso de Bolsonaro no solo afecta a Brasil, sino que es una advertencia para toda la región sobre los riesgos del “lawfare” como arma de control político.
