El próximo 10 de enero, los gobiernos de Brasil, México y Colombia decidieron enviar representantes para convalidar la juramentación fraudulenta de la tiranía venezolana. Esta decisión constituye un acto bochornoso, una traición al pueblo venezolano y a sus propios ciudadanos, quienes han sido testigos del sufrimiento y la opresión perpetuada por el régimen de Nicolás Maduro. Detrás de ambiguas declaraciones diplomáticas, estos países optan por darle la espalda a los valores democráticos y a los derechos humanos.
Brasil, México y Colombia albergan actualmente al 45% de los migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, una cifra que asciende a 3,5 millones de personas. Esta población escapó del hambre, la represión y la falta de oportunidades generadas por el colapso del país bajo el chavismo. Ignorar las causas de esta crisis humanitaria y legitimar a quienes la perpetúan es un acto de insensibilidad que no solo hiere a los venezolanos desplazados, sino que también mina la credibilidad de estos gobiernos frente a sus propios ciudadanos.
El impacto de la dictadura venezolana trasciende sus fronteras. Brasil se convirtió en un destino clave para el tráfico ilegal de oro proveniente de Venezuela, mientras que México es el principal receptor de narcoavionetas que operan bajo la protección del régimen de Maduro. Por su parte, Colombia enfrenta las consecuencias de compartir una frontera porosa, que facilita actividades delictivas como el contrabando y el narcotráfico. Reconocer a Maduro es, en la práctica, apoyar un sistema que fomenta el crimen organizado y desestabiliza a la región.
Un golpe a la democracia
Es bien sabido que Nicolás Maduro no obtuvo su mandato a través de elecciones libres y transparentes. La comunidad internacional, con abundantes pruebas en mano, ha denunciado en repetidas ocasiones las irregularidades y fraudes que marcan los procesos electorales venezolanos. Al avalar su permanencia en el poder, Brasil, México y Colombia se convierten en cómplices de una degradación democrática que amenaza los derechos humanos y perpetúa la dictadura.
Esta posición también resalta por su contraste con la de países como Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, Chile y Estados Unidos, que optaron por rechazar cualquier reconocimiento a un régimen ilegítimo. Estos gobiernos demuestran que es posible mantener una política exterior basada en principios y en la defensa de los valores democráticos.
