La Cámara de Apelación ratificó la medida cautelar que prohíbe innovaciones sobre la Finca N° 916, ubicada en la zona de Remansito, favoreciendo al Estado paraguayo en un conflicto legal que involucra propiedades de alto valor. Esta disposición había sido inicialmente dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, el cual ordenó la prohibición de innovar sobre la finca, permitiendo exclusivamente actividades relacionadas con las funciones de las Fuerzas Armadas.
La medida se originó a pedido de la Procuraduría General de la República, que solicitó el embargo preventivo de bienes de los ocupantes denominados “VIP” para asegurar los intereses del Estado. Estos demandados, tras la disposición inicial, presentaron un recurso de apelación, el cual fue rechazado en su totalidad. La Cámara de Apelación sostuvo que la resolución cumple con todos los requisitos de legitimidad y respaldó la contestación en grado de apelación de la Procuraduría.
El fallo afecta a un grupo significativo de personas, con embargos que alcanzan montos elevados. Entre los principales afectados figuran Miguel Antonio Reynal Vera, con un embargo de 280 millones de guaraníes; Jorge Raúl García Rotela y María del Socorro García de Ferreira, por 300 millones de guaraníes; y Giovanni Martín Amaini Fischer, por 250 millones de guaraníes. Otros implicados, como Horacio Melgarejo Lezcano, Diego Emilio Melgarejo Lezcano, y Claudelina Lezcano de Melgarejo, enfrentan embargos de 85 millones de guaraníes.
La disposición también afecta a Ronney Daniel González Fernández (120 millones de guaraníes), Alfredo José Vinader Casali y Víctor José Vinader (183,5 millones de guaraníes), entre otros, por sumas que van de los 27 millones a los 212 millones de guaraníes. Esta decisión marca un precedente en la defensa de los bienes estatales y fortalece la posición del Estado paraguayo en la recuperación de terrenos en disputa, evitando su explotación irregular o venta sin autorización oficial.
